El diario
El Gobierno modificó el régimen de patentes de medicamentos, eliminó normas vigentes desde 2012 y otorgó al INPI mayor discrecionalidad para evaluar solicitudes, buscando fomentar innovación y nuevas terapias.
El Gobierno nacional avanzó con un cambio de fondo en el sistema de patentes de medicamentos en Argentina. A través de una resolución conjunta, la administración de Javier Milei derogó el régimen vigente desde 2012 y estableció un nuevo esquema que otorga al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la potestad de analizar cada solicitud de manera individual.
La medida fue oficializada mediante una resolución firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular del INPI, Carlos María Gallo. La normativa deja sin efecto las denominadas “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”, un conjunto de criterios técnicos que, hasta ahora, regulaban de forma detallada la aprobación de patentes en el sector.
Un nuevo esquema para medicamentos
El cambio introduce una modificación estructural en el modo en que se evalúan las patentes de medicamentos. A partir de ahora, será el INPI quien determine en cada caso la procedencia de la patentabilidad, sin ceñirse a un conjunto rígido de pautas previamente establecidas.
Según el texto oficial, el objetivo es “promover la innovación e incrementar la disponibilidad de nuevos productos”, además de generar mayor previsibilidad jurídica para el desarrollo de la industria farmacéutica. En este sentido, el Gobierno considera que el sistema anterior representaba una barrera para la aprobación de nuevas patentes, lo que impactaba en la llegada de terapias innovadoras al país.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la normativa derogada hacía “muy difícil, sino imposible” obtener patentes en Argentina, lo que, a su entender, afectaba el derecho de propiedad intelectual y desincentivaba la inversión en investigación.
Protección a productos ya existentes
Uno de los aspectos centrales de la nueva regulación es la incorporación de un esquema transitorio destinado a evitar conflictos con medicamentos que ya se encuentran en el mercado.
La resolución establece que las nuevas patentes que eventualmente se otorguen no podrán bloquear la comercialización de productos existentes al momento de entrada en vigencia de la norma. En esos casos, los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir su venta ni a exigir compensaciones económicas.
Esta cláusula busca garantizar la continuidad del acceso a tratamientos disponibles y evitar que la modificación del régimen genere impactos negativos en la oferta actual de medicamentos.
El propio texto oficial reconoce que la derogación podría habilitar la concesión de patentes sobre productos ya comercializados, motivo por el cual se incluyó esta excepción para resguardar la competencia y el acceso.
Alineamiento internacional y expectativas
Desde el Gobierno destacan que la medida también apunta a alinear a la Argentina con estándares internacionales en materia de propiedad intelectual. Según Sturzenegger, el nuevo esquema elimina restricciones que no se aplican en otros países y acerca al país a las prácticas habituales de sus socios comerciales.
En este marco, el funcionario vinculó la decisión con el acuerdo comercial en negociación con Estados Unidos, señalando que esta adecuación normativa podría facilitar el acceso de la industria farmacéutica local a mercados externos.
A su vez, remarcó que los medicamentos actualmente disponibles no se verán afectados por el cambio regulatorio, ya que podrán continuar comercializándose sin restricciones ni obligaciones adicionales.
Debate abierto en el sector
La modificación del régimen abre un nuevo escenario para la industria farmacéutica, con posibles efectos tanto en la innovación como en la competencia. Mientras el Gobierno apuesta a que la flexibilización de los criterios favorezca la inversión y el desarrollo de nuevas terapias, distintos actores del sector seguirán de cerca su implementación.
El rol del INPI será clave en esta etapa, ya que deberá evaluar cada solicitud con criterios técnicos y legales, en un contexto de mayor discrecionalidad. La evolución del sistema y su impacto en el acceso a medicamentos, los precios y la innovación serán aspectos centrales del debate en los próximos meses.
