El diario
Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone prohibir celulares en las cárceles y establecer comunicaciones controladas. La iniciativa busca evitar estafas y extorsiones organizadas desde prisión.
Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza presentó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone prohibir el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles bonaerenses. La iniciativa, denominada “Ley Rodrigo”, busca modificar el sistema actual de comunicaciones de las personas privadas de la libertad para evitar que desde los establecimientos penitenciarios se sigan cometiendo delitos.
El proyecto fue impulsado por el diputado provincial Oscar Liberman y cuenta con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La propuesta surgió a partir de un caso que tuvo fuerte repercusión pública y que evidenció las dificultades para controlar las comunicaciones dentro de los penales.
La norma lleva el nombre de Rodrigo Gómez, un soldado que fue víctima de una extorsión telefónica presuntamente organizada desde una cárcel de la provincia de Buenos Aires. La investigación judicial determinó que parte de la maniobra habría sido coordinada desde la Unidad Penitenciaria de Magdalena.
Celulares y delitos organizados desde prisión
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación del protocolo que actualmente regula el uso de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios bonaerenses.
Esa normativa fue implementada en 2020 durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones sanitarias limitaron las visitas a los detenidos. En ese contexto se permitió el uso de teléfonos móviles para facilitar la comunicación con familiares.
Sin embargo, desde distintos sectores políticos y judiciales sostienen que esa medida también abrió la puerta a nuevos delitos cometidos desde el interior de las cárceles.
Según denuncian, algunos internos utilizan teléfonos celulares para realizar estafas telefónicas, extorsiones y otras maniobras delictivas aprovechando el acceso a internet y las redes de comunicación.
Frente a esta situación, el proyecto propone eliminar ese protocolo y establecer un nuevo sistema de llamadas supervisadas.
Un sistema de comunicaciones controladas
La iniciativa plantea modificar la Ley de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires para que los detenidos solo puedan comunicarse a través de teléfonos habilitados y controlados por el Servicio Penitenciario.
Según el texto del proyecto, cada interno podría realizar llamadas durante un máximo de dos horas por día y únicamente con un listado de cinco contactos previamente autorizados.
Ese listado deberá ser presentado por el propio detenido y aprobado por las autoridades penitenciarias. Además, las comunicaciones estarán sujetas a supervisión para garantizar la seguridad de las unidades carcelarias y proteger a posibles víctimas.
La propuesta también contempla que, si se detecta un uso indebido de las comunicaciones, el Servicio Penitenciario pueda solicitar a la Justicia la suspensión o restricción temporal del derecho a realizar llamadas.
Tecnología y controles dentro de los penales
El proyecto también incorpora medidas tecnológicas destinadas a impedir el funcionamiento de celulares dentro de los pabellones.
Entre ellas se encuentra la instalación de inhibidores de señal y sistemas de detección de dispositivos móviles que permitan identificar teléfonos activos dentro de las unidades penitenciarias.
Asimismo, la iniciativa propone reforzar los controles mediante requisas periódicas y acciones preventivas orientadas a evitar el ingreso de elementos prohibidos.
Otro de los puntos del proyecto establece un procedimiento para la entrega de los celulares que actualmente estén en poder de los internos.
En caso de aprobarse la ley, el Servicio Penitenciario deberá notificar a los detenidos para que entreguen los dispositivos en un plazo máximo de 24 horas.
Qué pasará con los teléfonos incautados
De acuerdo con la propuesta legislativa, los celulares que sean entregados por los internos podrán ser retirados por sus familiares luego de un período de seis meses.
En cambio, aquellos dispositivos que no estén registrados o que no puedan ser identificados serán destruidos en un acto público.
Para los impulsores del proyecto, la iniciativa busca resolver un problema que viene generando preocupación en distintos sectores de la sociedad.
“Hoy muchos delincuentes siguen organizando estafas, extorsiones y robos desde prisión utilizando celulares y acceso a internet. Las cárceles no pueden seguir funcionando como centros de operaciones del delito”, sostuvo el diputado Liberman al presentar el proyecto.
La propuesta deberá ahora ser analizada en las comisiones legislativas correspondientes antes de ser debatida en el recinto.
