El diario
El Gobierno extendió la emergencia energética por las mismas razones que llevaron a declararla, a poco más de un mes de que se cumpla el vencimiento de la primera prórroga. Los subsidios serán “focalizados”.
Se prorrogó nuevamente el estado de Emergencia Energética, en esta oportunidad hasta el 9 de julio de 2026, por entender que “persisten aún las circunstancias” que motivaron su declaración original en diciembre de 2023, ya que aún con se completó con la cobertura tarifaria total de los costos de explotación, como tampoco la correcta asignación de subsidios, luego de comprobarse que muchos usuarios de alto poder adquisitivo estaba registrado en el nivel de bajos ingresos.
La decisión se tomó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 370/2025 y una serie de resoluciones vinculadas, todas publicadas hoy en el Boletín Oficial.
El decreto implica, además, una postergación del inicio del período de Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), con el que se buscaba poner fin a más de dos décadas de incumplimiento de las normas de los marcos regulatorios de 1992, cuando se privatizaron las empresas estatales de energía eléctrica (Segba y otras de distribución y generación) y Gas del Estado.
Asimismo, se prorrogan las intervenciones del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a los que estaba previsto fusionar en un nuevo organismo de control que concentre todo el sector energético.
Los DNU de Emergencia Energética
La Emergencia Energética fue dictada originalmente el 16 de diciembre de 2023, seis días después de la asunción de Javier Milei como presidente, mediante el DNU 55, y prorrogada por primera vez el 19 de noviembre de 2024, a través del DNU 1023, que fijo como vencimiento de la extensión el 9 de julio de 2025.
Con esta nueva prórroga, se extiende el período por un año, en el que la Secretaría de Energía deberá concluir varias tareas, entre ellas determinar la debida focalización de los subsidios en función de la demanda, la cobertura total de los costos de explotación en las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas natural, completar una red de transporte eléctrico madura y subsanar los inconvenientes en la distribución. entre otros.
En el DNU, el Gobierno detalló los avances logrados en diferentes áreas, pero advirtió que aún no se realizaron los trabajos en su totalidad.
En el caso de la cobertura del costo de abastecimiento del gas para la demanda prioritaria, se destacó que se pasó de un 18,7% en enero de 2024 al 74,5% en marzo de 2025, “evidenciando una mejora gradual en línea con los objetivos de focalización del gasto público y recomposición del sendero tarifario, aunque aún insuficiente para reflejar plenamente los costos reales”.
En lo que respecta a la electricidad, se señaló que si bien se alcanzó al 100% de la cobertura para los usuarios de altos ingreso (N1), aún las proporciones son escasas para los otros segmentos, llegándose en abril de este año al 29,97% entre los de ingresos bajos (N2) y 45,68% para los de ingresos medios (N3).
Continuidad del servicio eléctrico
Por otra parte, la normativa indica que la Secretaría de Energía “está implementando un programa de acciones esenciales para garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio eléctrico”, incluyendo inversiones, reformas estructurales y ajustes normativos necesarios para reconstituir el régimen económico y recaudatorio del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).
En ese sentido, se mencionaron varias tareas, como el “Plan de Contingencia” para evitar cortes masivos del suministro eléctrico en el verano, así como la convocatoria al programa “Almacenamiento Alma GBA”.
En ese orden, la resolución 715/2025 del Ministerio de Economía declaró de carácter “prioritario” la ejecución de una serie de obras de ampliación del sector de transporte o transmisión, esenciales para conectar la generación con la distribución de manera eficiente.
Se trata de 17 líneas de transmisión de 500 y 132 Kw en diferentes puntos del país, que serán realizadas por el sector privado por medio de concesiones.
De acuerdo con lo señalado días atrás por el vocero presidencial, esas obras “implican una inversión del sector privado de más de 6.600 millones de dólares en los próximos años”.
“Estas inversiones apuntan a mejorar el servicio, reducir los cortes de luz y mitigar los cuellos de botella, algo imprescindible en un país preso de las distorsiones que generó el populismo energético de las últimas décadas”, señaló el legislador porteño electo.
La realización de esas obras en una situación de emergencia implicó una modificación del marco regulatorio vigente, que vedaba al sector privado la realización de obras de ampliación de transporte, aunque le asignaba su atención y mantenimiento.
Focalización: qué pasa con los subsidios
Por otro lado, la disposición 1/2025 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético aprobó la “Metodología para la identificación de suministros energéticos”, que en los hechos representa nuevos criterios para la asignación de subsidios en función del poder adquisitivo de los usuarios.
En un anexo de 22 páginas, se detallan los aspectos sociales y económicos a tener en cuenta para una “mejor focalización de los subsidios”, porque “se evidencia que existe una gran cantidad de usuarios residenciales segmentados como N2 (Menores Ingresos) y N3 (Ingresos Medios), ubicados en áreas geográficas de alto poder adquisitivo, que representan manifiesta capacidad contributiva”.
Para corregir esa anomalía, “se han identificado coordenadas espaciales correspondientes a usuarios de las prestadoras de servicios que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ubicadas tanto en urbanizaciones cerradas del Gran Buenos Aires, como en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó la disposición en sus considerandos.
Al respecto, el en DNU se precisó que “se identificaron 1.590.964 hogares que estaban categorizados en el Nivel 2 – Bajos Ingresos, recibiendo subsidios que no habían solicitado” y que a fines del año pasado “se identificaron 370.008 solicitudes de inscripción en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), cuyos titulares se encontraban fallecidos”.
Del entrecruzamiento de la información obtenida, 666.269 usuarios de electricidad y 306.409 de gas natural por redes pasaron de estar registrados en el N2 a las otras dos categorías de segmentación.
