El diario
El Gobierno de Argentina ha oficializado la disolución del programa Pro.Cre.Ar, un plan de créditos subsidiados lanzado en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner.
Esta iniciativa, que buscaba facilitar el acceso a la vivienda a través de financiamiento estatal, cesará sus operaciones tras más de una década de funcionamiento. La decisión fue plasmada en el Decreto 1018/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.El cambio fue anticipado en redes sociales el 12 de noviembre por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien informó sobre la finalización de Pro.Cre.Ar “tal como lo conocemos”. Asimismo, Adorni anunció la implementación de “hipotecas divisibles” para proyectos inmobiliarios en desarrollo, una medida que tiene como objetivo incentivar la inversión privada y promover un mercado más accesible para el acceso a la vivienda.
Pro.Cre.Ar: Una pesada carga para las cuentas públicas
El decreto establece que la disolución de Pro.Cre.Ar responde a una carga financiera significativa para el Estado. El documento señala que el programa dejó de ser rentable para las arcas públicas y presentó dificultades en su administración y control. Según el texto oficial, el programa “no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente en la atención del bien común”, y por lo tanto, su continuidad resulta insostenible desde el punto de vista fiscal.
El rol del Banco Hipotecario y la liquidación de activos
El Decreto 1018/2024 también estipula el proceso de liquidación de Pro.Cre.Ar, que recaerá en el Ministerio de Economía. Este organismo se encargará de coordinar la disolución del fondo fiduciario que sostenía el programa. En el artículo 3 del decreto, se establece que el Banco Hipotecario S.A. será responsable de gestionar los créditos vigentes bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato original de fideicomiso de 2012, lo que busca asegurar la continuidad de los compromisos adquiridos con los beneficiarios actuales.
Además, se prevé que el Ministerio de Economía administre y disponga de los activos del fondo, que incluyen bienes muebles e inmuebles. Esto permitirá la regularización de los bienes en favor de la ciudadanía, a la vez que se consolidan las gestiones bajo la dirección estatal.
Informe de SIGEN de la gestión en Pro.Cre.Ar
Previo a la decisión de disolver el programa, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) llevó a cabo una auditoría exhaustiva sobre la administración de Pro.Cre.Ar. Entre sus conclusiones, el informe de SIGEN reveló múltiples deficiencias en la entrega y habitabilidad de las unidades, así como incumplimientos de plazos y criterios de selección de beneficiarios.
En el reporte se señala que algunos de los problemas incluían demoras significativas en la entrega de viviendas, lo cual generó costos adicionales en mantenimiento y vigilancia. También se menciona que el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), responsable de supervisar varios aspectos del programa, no fue cumplido en su totalidad. Finalmente, el informe destaca la falta de actualización en los manuales de procedimientos, lo que impactó en la calidad del servicio a los beneficiarios y generó una falta de transparencia en la gestión del fondo fiduciario.
Una nueva era en el acceso a la vivienda
El Gobierno justifica la eliminación de Pro.Cre.Ar como parte de una estrategia más amplia para reducir la intervención estatal en áreas tradicionalmente gestionadas por el sector privado. En este contexto, el decreto plantea que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos”, por lo que el Estado no debería competir en este ámbito.
A partir de esta medida, la Administración Nacional impulsa el desarrollo de “hipotecas divisibles”, una alternativa que busca facilitar el financiamiento de proyectos inmobiliarios y brindar flexibilidad a la inversión privada en vivienda. Estas hipotecas divisibles permitirán que un mismo proyecto se subdivida en diferentes unidades hipotecarias, cada una destinada a la futura venta o arrendamiento. De esta forma, se espera que más sectores de la sociedad puedan acceder a un crédito hipotecario, promoviendo un crecimiento en la construcción de viviendas.
Además, el decreto subraya el efecto positivo que tendrán las reformas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementadas desde diciembre de 2023. Entre estas reformas se encuentra la eliminación de pasivos remunerados y una estrategia de reducción inflacionaria que, según proyecciones oficiales, incrementará la capacidad de los bancos para otorgar créditos hipotecarios. En este contexto, se proyecta que las entidades bancarias puedan asumir un rol más activo en la concesión de créditos, promoviendo un mercado inmobiliario menos dependiente del Estado y con mejores oportunidades para los ciudadanos.
Un balance entre la reactivación económica y el acceso a la vivienda
La decisión de poner fin a Pro.Cre.Ar marca un cambio profundo en la política habitacional de Argentina. La eliminación de este fondo fiduciario apunta a reducir la carga fiscal y promover un enfoque de mercado para el financiamiento de la vivienda. Con el foco puesto en fomentar la inversión privada y establecer una administración más eficiente de los recursos públicos, el Gobierno espera reactivar el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda mediante la intervención del sistema bancario.
Con la implementación de hipotecas divisibles y el aumento en la oferta de créditos hipotecarios, se busca también crear un nuevo equilibrio en la economía, donde el acceso a la vivienda pueda sostenerse mediante herramientas de mercado y sin una dependencia directa del Estado. Esta medida representa un desafío tanto para el sector privado como para las familias argentinas, que esperan que las nuevas políticas puedan suplir las necesidades de vivienda sin los beneficios que durante más de una década ofreció el programa Pro.Cre.Ar.
