El diario
La reforma electoral que impulsa el oficialismo busca eliminar las PASO y modificar el financiamiento político, con impacto directo en las elecciones 2027 y el sistema democrático argentino.
El oficialismo comenzó a avanzar en una ambiciosa reforma electoral que propone modificar de manera profunda el sistema democrático argentino con vistas a las elecciones 2027. La iniciativa incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos políticos y nuevas exigencias para conservar la personería jurídica.
Un rediseño del sistema político
El proyecto se presenta como una estrategia orientada a reducir el gasto público y modernizar el esquema electoral. Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema actual resulta costoso y poco eficiente, especialmente en lo que respecta a la organización de las PASO, que implican una importante inversión estatal en logística, impresión de boletas y despliegue operativo.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es precisamente la eliminación de esta instancia previa a las elecciones generales. Desde su implementación en 2011, las PASO funcionaron como un mecanismo para ordenar la competencia interna de los partidos y definir candidaturas. Sin embargo, el oficialismo plantea que suprimirlas permitiría un ahorro significativo de recursos públicos.
En este nuevo esquema, los partidos deberán resolver sus candidaturas mediante mecanismos internos o acuerdos políticos, sin intervención estatal directa en esa etapa. Esto implica un cambio relevante en la dinámica de competencia política, que volvería a un formato similar al que regía antes de 2011.
Cambios en financiamiento y representación
Otro punto clave de la reforma está vinculado al financiamiento de los partidos políticos. La iniciativa propone reducir el aporte estatal y habilitar una mayor participación del financiamiento privado, lo que podría modificar las condiciones de competencia entre las distintas fuerzas.
En este sentido, los partidos con mayor estructura territorial y capacidad de recaudación se perfilan como los principales beneficiarios del nuevo esquema. Al contar con mayores recursos, podrían desplegar campañas más amplias y sostenidas, lo que les otorgaría una ventaja frente a fuerzas de menor escala.
Además, el proyecto eleva los requisitos para que un partido sea considerado de alcance nacional. En lugar de acreditar presencia en cinco distritos, como ocurre actualmente, se exigirá representación en al menos diez. Este cambio apunta a fortalecer la institucionalidad de las fuerzas políticas, aunque también podría dificultar la subsistencia de partidos emergentes.
En paralelo, la reforma contempla la implementación plena de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que ya tuvo experiencias recientes y que busca simplificar el proceso de votación. Con este mecanismo, el elector dispone de una única boleta oficial que incluye a todas las opciones, lo que elimina prácticas como el faltante o robo de boletas.
Fin de un modelo histórico de elecciones
El abandono de la tradicional “boleta sábana” representa un cambio cultural significativo. Durante más de un siglo, desde la consolidación de la Ley Sáenz Peña en 1912, el sistema electoral argentino se basó en listas completas por partido. La transición hacia una boleta única implica una transformación en la forma en que los ciudadanos interactúan con la oferta electoral.
No obstante, la iniciativa también genera cuestionamientos. Sectores de la oposición advierten que la reducción del financiamiento público podría afectar la equidad en la competencia y limitar la pluralidad de voces en el sistema político. En particular, señalan que los partidos más pequeños podrían enfrentar mayores dificultades para sostener su actividad.
El debate legislativo se anticipa intenso, ya que la reforma requiere la aprobación por mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. Mientras el oficialismo confía en que el argumento del ahorro fiscal atraerá apoyos, otros bloques plantean la necesidad de garantizar reglas de juego equilibradas.
De avanzar, la reforma marcaría un punto de inflexión en el sistema electoral argentino. El eventual fin de las PASO y la redefinición del financiamiento político abrirían una nueva etapa, con implicancias directas en la competencia partidaria y en la configuración de las elecciones 2027.
