El diario
El ambiente de la salud mental se estremeció ante un fallo judicial que ordenó medidas urgentes tras comprobar graves violaciones de derechos humanos, falta de habilitación y prácticas ilegales en una comunidad terapéutica de Luján dedicada a consumos problemáticos adictivos.
El Juzgado de Familia N° 2 del departamento judicial de Mercedes dictó sentencia en el marco de un habeas corpus colectivo de carácter correctivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Un habeas corpus colectivo por violaciones a los derechos humanos
La acción fue promovida en favor de las personas alojadas en la Comunidad Terapéutica Un Día Más, ubicada en la ciudad de Luján, ante la detección de graves vulneraciones de derechos humanos e irregularidades administrativas.
La intervención judicial se produjo luego de que se acreditara la falta de habilitación sanitaria provincial y municipal, así como el funcionamiento de la institución al margen de la normativa vigente. El fallo puso el foco en prácticas que resultan incompatibles con los estándares legales y con la Ley Nacional de Salud Mental, que regula los abordajes de internación y tratamiento.
Denuncias previas y rol del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura
El cuadro de vulneración sistemática de derechos llegó a conocimiento de la CPM a partir de un informe elaborado por la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). A partir de esa presentación, la CPM actuó en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
El 6 de enero, el organismo realizó una inspección en una de las dos sedes de la comunidad terapéutica, con el objetivo de constatar y documentar la situación denunciada. El monitoreo incluyó entrevistas con directivos, el único operador presente, personas alojadas y el relevamiento integral de las condiciones materiales del establecimiento. Los resultados fueron considerados contundentes por los equipos intervinientes.
Graves irregularidades en el abordaje de la salud mental
Entre los principales hallazgos se verificó la ausencia total de habilitación sanitaria, un funcionamiento ilegal y prácticas que contradicen de manera directa la normativa sobre salud mental. Los testimonios recogidos dieron cuenta de ingresos forzados mediante secuestros, privación ilegal de la libertad y falta de control de legalidad sobre las internaciones.
También se detectaron derivaciones realizadas por organismos estatales sin intervención judicial, incumplimientos a la Ley de Salud Mental en la modalidad de abordaje, administración irregular de medicación, regímenes de vida restrictivos basados en sistemas de premio-castigo y la convivencia de menores de edad con personas adultas. A ello se sumó la ausencia de atención médica clínica y de un servicio de emergencias.
Condiciones materiales y vulneración de derechos básicos
La inspección permitió constatar, además, condiciones materiales irregulares, falta de acceso efectivo a la justicia y situaciones de extraterritorialidad, con personas alojadas provenientes de otras provincias. Se verificó el impedimento de contacto con referentes afectivos durante períodos prolongados y el incumplimiento de la ley de derechos del paciente, incluyendo la ausencia de historia clínica y de consentimiento informado.
En relación con la atención de la salud, la institución no contaba con personal de enfermería. La medicación era indicada de manera virtual por una psiquiatra o incluso sin su prescripción, y suministrada por el operador y coordinadores que, en algunos casos, eran personas alojadas a quienes se les asignaban esas funciones.
Según la denuncia de la CPM, al momento del ingreso se aplicaba un denominado “protocolo de medicación”, compuesto por psicofármacos como carbamazepina, risperidona, quetiapina y diazepam, administrados de forma discrecional y sin controles adecuados.
Intervención judicial y medidas adoptadas
El habeas corpus quedó radicado en el Juzgado de Familia N° 2 de Mercedes, que dispuso distintas medidas en dos instancias. El 14 de enero, la jueza subrogante Yanina Andrea Bruni Barcala realizó una constatación directa en el lugar y ordenó la prohibición de nuevos ingresos, tanto de personas adultas como de menores de edad, independientemente de si se trataba de internaciones voluntarias o involuntarias.
Asimismo, dispuso que se garantizaran las visitas familiares con privacidad, el egreso de las personas alojadas de manera voluntaria sin restricciones y la evaluación integral del estado de salud de todos los internados para definir los pasos a seguir en cada situación particular.
Las medidas fueron posteriormente convalidadas por la titular del juzgado, la magistrada María Eugenia Rijavec, quien el 21 de enero realizó una nueva inspección acompañada por peritos médicos en salud mental y otras especialidades, además de autoridades del Ministerio de Salud bonaerense.
En paralelo, y en el marco de la causa penal que tramita de forma simultánea, participó el fiscal titular de la UFI N° 10 de Luján, Germán Petoello, junto a personal policial de la Comisaría 1ª, con el objetivo de recabar documentación y testimonios que permitan determinar la posible comisión de delitos dentro de la institución.
Como resultado de estas actuaciones, cerca de 50 personas que se encontraban alojadas en las dos sedes de la comunidad terapéutica se retiraron voluntariamente, regresaron con sus familias o fueron derivadas por representantes del Ministerio de Salud tras la evaluación de cada caso.
Alerta por la proliferación de instituciones ilegales
Desde la CPM advirtieron sobre la creciente proliferación de instituciones que ofrecen supuestos tratamientos para consumos problemáticos y que funcionan en la ilegalidad, aplicando prácticas violentas, denigrantes y riesgosas para la integridad de las personas alojadas.
También se remarcó la gravedad que implica que el propio Estado, en este caso a través de la Justicia penal, legitime el funcionamiento de estos espacios al autorizar morigeraciones de condenas sin verificar si cuentan con habilitación sanitaria, pese a existir registros oficiales del Ministerio de Salud provincial.
La necesidad de mayor control y capacitación
El caso vuelve a poner en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, avanzar en un relevamiento territorial exhaustivo de este tipo de instituciones y capacitar a operadores judiciales en materia de salud mental y derechos humanos, para evitar la repetición de situaciones similares.
