El diario
La Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo sistema para detectar y sancionar canales irregulares, con tecnología satelital y denuncias digitales, para mitigar inundaciones en cuencas sensibles como la del Río Luján.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave en materia de gestión hídrica al oficializar un nuevo sistema destinado a detectar y sancionar obras hidráulicas irregulares. La medida apunta especialmente a los canales rurales no declarados, señalados desde hace años como un factor que agrava inundaciones en distintas localidades del interior bonaerense.
La decisión fue anunciada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y se inscribe en un reclamo histórico de municipios ubicados en cuencas sensibles, entre ellas la del Río Luján, donde el escurrimiento descontrolado del agua de lluvia genera impactos directos en zonas urbanas.
Un cambio normativo esperado
La nueva Resolución 46/26 reemplaza normativas con más de dos décadas de vigencia y moderniza el sistema de control sobre las obras hidráulicas privadas. Aunque el anuncio fue presentado como un cambio de paradigma, distintos actores locales señalan que se trata de una problemática que debió haberse abordado mucho antes, dada su incidencia directa en eventos de anegamientos e inundaciones.
Para distritos como Mercedes, la implementación de este esquema representa una herramienta largamente esperada. En la región, los canales clandestinos en campos privados han sido denunciados reiteradamente por acelerar el drenaje de grandes volúmenes de agua hacia el cauce principal del río, incrementando el riesgo para áreas pobladas.
Tecnología para detectar canales ilegales
Uno de los ejes centrales de la nueva normativa es la incorporación de tecnología satelital para el control territorial. A diferencia del sistema anterior, que dependía casi exclusivamente de inspecciones presenciales —muchas veces dificultadas por el acceso a los predios—, la Autoridad del Agua (ADA) podrá ahora certificar la existencia de obras hidráulicas irregulares mediante imágenes satelitales en tiempo real.
Este recurso permitirá detectar con mayor rapidez la apertura de canales no autorizados y realizar un seguimiento más preciso de las modificaciones en el suelo rural, fortaleciendo la capacidad de fiscalización del Estado provincial.
Denuncias digitales y participación ciudadana
El segundo eje del nuevo esquema apunta a fomentar la participación ciudadana. La resolución habilita un formulario electrónico en el sitio web de la ADA para que cualquier vecino pueda denunciar de manera ágil la existencia de obras sospechosas.
Este mecanismo busca ampliar los canales de control, incorporando a la comunidad como actor activo en la detección temprana de intervenciones que puedan afectar el sistema hídrico provincial.
Multas y obligación de restitución
El procedimiento establecido fija plazos y sanciones concretas. Una vez detectada una irregularidad, el propietario del predio contará con cinco días para presentar su descargo y acreditar la legalidad de la obra. En caso de no poder hacerlo, se aplicarán sanciones económicas previstas en la Ley 12.257.
Además, si el canal o la obra hidráulica afecta al Sistema Hidráulico Provincial, el infractor será intimado a desactivar la intervención y restituir el terreno a su estado original, asumiendo la totalidad de los costos.
Con esta medida, la Provincia busca desalentar prácticas que impactan negativamente en el ambiente y en la seguridad de las comunidades, al tiempo que fortalece el control sobre un problema estructural que durante años careció de respuestas efectivas.
