El diario
El SENASA eliminó la exigencia de habilitaciones locales en múltiples trámites, buscando reducir burocracia y costos. La medida apunta a mejorar la eficiencia del sector agroalimentario sin modificar obligaciones vigentes.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria avanzó en un proceso de simplificación administrativa al eliminar la exigencia de presentar habilitaciones municipales y provinciales en distintos trámites vinculados a la actividad agroalimentaria. La medida busca reducir la carga burocrática y mejorar la eficiencia del sector productivo.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de una serie de reformas orientadas a desregular procesos considerados redundantes dentro de la administración pública nacional.
Cambios clave en los trámites del sector
La normativa introduce modificaciones y derogaciones en múltiples disposiciones que exigían la acreditación de permisos locales para avanzar en gestiones ante el organismo sanitario nacional. Entre los principales cambios, se eliminan requisitos de habilitación municipal o provincial en trámites vinculados a diversas actividades productivas y sanitarias.
Entre los casos más relevantes se destacan los procedimientos relacionados con el diagnóstico de anemia infecciosa equina, certificaciones sanitarias en establecimientos porcinos, tratamientos fitosanitarios aplicados a embalajes de madera y la habilitación de terminales de carga.
También se incluyen modificaciones en los requisitos para establecimientos avícolas, predios feriales y registros de productos veterinarios, donde anteriormente se solicitaba documentación emitida por autoridades locales como condición previa para la aprobación nacional.
Además de la eliminación de estos requisitos, la resolución incorpora ajustes puntuales en algunos procedimientos. En el caso de los establecimientos porcinos, por ejemplo, se simplifican las condiciones al limitar la exigencia a la inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa). En tanto, para las terminales de carga se establecen nuevas formas de acreditación vinculadas a otros regímenes vigentes.
SENASA y la desregulación administrativa
La decisión del SENASA se enmarca dentro de una política más amplia de desregulación impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, particularmente a partir del DNU 70/2023 y sus normas complementarias. Estas iniciativas apuntan a eliminar regulaciones que se consideran innecesarias o que generan costos adicionales para la actividad económica.
Desde el organismo se argumenta que la exigencia de habilitaciones municipales en trámites nacionales generaba una duplicación de requisitos que complicaba la operatoria del sector. Esta situación se agravaba por la heterogeneidad de criterios entre las distintas jurisdicciones locales, lo que derivaba en demoras y mayores costos administrativos para productores y empresas.
En este contexto, la simplificación apunta a centralizar la evaluación de determinados aspectos en el ámbito nacional, evitando superposiciones que no aportaban valor al control sanitario o a la calidad de los procesos.
Alcances y límites de la medida
A pesar de la eliminación de estos requisitos documentales en el ámbito nacional, el SENASA aclaró que la medida no implica una desregulación total ni exime a los operadores del cumplimiento de las normativas locales vigentes.
Las condiciones vinculadas a la seguridad, la salubridad y el uso del suelo continúan siendo competencia de las provincias y los municipios, que mantienen su potestad de control sobre estas cuestiones dentro de sus respectivas jurisdicciones.
En ese sentido, la resolución establece una diferenciación clara entre la simplificación de trámites administrativos ante el organismo nacional y las obligaciones legales que deben cumplir los actores del sector en el ámbito local.
De este modo, la iniciativa busca equilibrar la reducción de cargas burocráticas con el mantenimiento de los estándares sanitarios y regulatorios, en un intento por mejorar la competitividad del sector agroalimentario sin comprometer los controles esenciales.
