El diario
En un nuevo capítulo de su política de desburocratización, el Gobierno nacional resolvió una importante modificación en la regulación vigente para los usuarios de armas de fuego en el país.
A través de una resolución oficial de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), se eliminaron requisitos y pagos periódicos que hasta ahora debían cumplir diversos actores del sector.
El objetivo declarado es reducir la carga administrativa tanto para el Estado como para los usuarios, sin desatender los controles que exige el manejo de armamento.
Menos burocracia para usuarios comerciales y entidades de tiro
La decisión implica la eliminación de la reinscripción anual y el pago de la correspondiente tasa ante la ANMAC para quienes se encuentren registrados como Legítimos Usuarios Comerciales, Colectivos, Cinegéticos (relacionados con la caza deportiva) y Entidades de Tiro. De esta manera, se apunta a simplificar los procesos y aliviar el costo que estas obligaciones representaban cada año, aun cuando los datos no se modificaran.
Hasta ahora, estas categorías estaban obligadas a renovar su inscripción todos los años, independientemente de que no tuvieran novedades relevantes. Además, debían abonar una tasa que oscilaba entre los $20.000 y $200.000, según el tipo de usuario. Con la nueva normativa, la inscripción pasará a tener una validez de cinco años, y la tasa correspondiente también deberá abonarse con esa periodicidad.
A partir de ahora, los usuarios solo deberán notificar a la ANMAC dentro de los 30 días si se produce algún cambio en la información presentada al momento de la inscripción inicial, como una modificación societaria o de autoridades en el caso de entidades organizadas jurídicamente.
Alcance de la medida: fabricantes, talleres y recargadores
La resolución también alcanza a un sector clave de la industria armamentista nacional. Ya no será obligatorio reinscribirse cada año para fabricantes de armas de uso civil y uso civil condicional, productores de municiones, talleres de armado y reparación de vehículos blindados, así como verificadores y repotenciadores de instalaciones blindadas, e incluso recargadores comerciales de munición.
Este segmento, vinculado a la cadena productiva y logística de las armas, estaba sometido a una exigencia que generaba demoras, costos y procesos administrativos repetitivos. La flexibilización busca impulsar la eficiencia sin poner en riesgo los mecanismos de fiscalización ya establecidos por ley.
Normas que se mantienen y excepciones
Cabe destacar que algunos plazos de vigencia anual continuarán vigentes para ciertas actividades, como en el caso de los importadores y transportistas comerciales de armas. Esto se debe a que están regulados por normas de jerarquía superior, como el Decreto N.º 395/75, y no pueden ser modificadas directamente por la ANMAC. Sin embargo, el organismo sí tiene competencia para introducir cambios en otras áreas, como las incluidas en esta resolución.
La decisión se enmarca en un proceso más amplio de simplificación normativa que el Gobierno viene impulsando mediante los decretos presidenciales Nº 70/2023, Nº 90/2025 y, en años anteriores, el Decreto Nº 891/2017, que estableció lineamientos de Buenas Prácticas en la administración pública.
Nuevas medidas en torno al uso de armas
La flexibilización de trámites no se agota en esta resolución. En las últimas semanas, el Ejecutivo autorizó mediante otro acto administrativo la compra y tenencia de armas semiautomáticas bajo un régimen de “control especial”, una categoría que requiere evaluaciones específicas, pero que elimina la prohibición que regía desde 1995.
En paralelo, también se avanzó con la implementación de un sistema denominado “Tenencia Express”, orientado a facilitar el acceso a armas para usuarios particulares y miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y del sistema penitenciario, siempre que las mismas sean adquiridas en armerías habilitadas.
Armas y control: ¿menos requisitos significa menor seguridad?
La política de armas adoptada por el actual Gobierno ha generado diversas reacciones. Desde sectores ligados al comercio y a las entidades deportivas, se valora positivamente la reducción de trámites y costos, mientras que otros sectores plantean la necesidad de fortalecer los controles ante cualquier flexibilización del régimen vigente.
Desde la ANMAC aclararon que las modificaciones introducidas no suponen una reducción de los controles sobre personas ni materiales, sino que están diseñadas para hacer más eficiente y menos costosa la gestión estatal en relación con un sector complejo, pero legalmente habilitado.
La nueva resolución sobre armas representa un cambio sustancial para miles de usuarios y entidades vinculadas al uso civil y comercial de armamento en el país. Al eliminar trámites innecesarios y espaciar en el tiempo las obligaciones administrativas, se busca descomprimir el sistema sin perder de vista los aspectos centrales de control y regulación. En una Argentina donde el debate sobre la tenencia y uso de armas siempre está presente, el Gobierno apuesta a un enfoque más ágil y con menor carga burocrática, aunque con un ojo puesto en la fiscalización efectiva.
