El diario
Las universidades públicas argentinas emitieron un contundente comunicado en el que advierten sobre la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesan las instituciones de educación superior del país.
Esta declaración, difundida en coincidencia con el Día de la Independencia, pone de relieve el deterioro sostenido del sistema universitario y su impacto directo sobre millones de estudiantes.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todas las universidades públicas del país, expresó con firmeza que el funcionamiento mismo del sistema universitario se encuentra comprometido. “El segundo cuatrimestre corre serio peligro: lo vamos a reiterar porque lo que está en juego es el funcionamiento de un sistema al que asisten más de 2,5 millones de estudiantes”, advirtieron en el documento.
Universidades al límite
Uno de los puntos más alarmantes que resaltan los rectores es la pérdida de más de 10.000 docentes a lo largo del último año. Se trata de profesionales con trayectoria, prestigio y formación, cuya salida no solo afecta la calidad académica sino también la continuidad de carreras y asignaturas clave. La causa principal de este éxodo es el deterioro de los salarios, que en muchos casos ni siquiera alcanzan a cubrir los costos básicos de transporte.
“Los docentes con vocación permanecen en las universidades públicas, pero les es imposible sobrevivir con los bajos salarios que perciben. La situación es insostenible. En algunos casos, para poder garantizar las cursadas, se ha recurrido a reemplazos improvisados. Sin embargo, formar recursos humanos de calidad lleva años y no puede resolverse con medidas de emergencia”, expresaron desde el CIN.
Además, señalaron que hay nuevas carreras que aún no han podido completar su currícula por falta de designaciones docentes, debido a la ausencia de fondos específicos para su financiamiento. En algunos casos, incluso se han suspendido transferencias ya previstas para esas incorporaciones.
Pérdida del poder adquisitivo
El comunicado también hace foco en la pérdida del poder adquisitivo del personal docente y no docente, que alcanza un 35 % desde 2023 según datos oficiales. La falta de medidas concretas para revertir esta caída salarial impacta de lleno en la planificación del segundo cuatrimestre de 2025, poniendo en jaque la continuidad académica de miles de carreras y materias en todo el país.
“Es grave que las propias autoridades ministeriales reconozcan esta pérdida salarial y que, aun así, no se adopten medidas al respecto. Esa omisión es una de las principales razones por las cuales se ve comprometido el desarrollo normal del calendario académico”, subrayaron los rectores.
Transparencia en la gestión universitaria
En contraste con los cuestionamientos recibidos, los rectores defendieron la transparencia del sistema universitario nacional, afirmando que las universidades brindan información detallada y actualizada sobre el personal docente y no docente. “Durante más de un año se dijo que no se disponía de información. Ahora admiten que cuentan con los datos. Esta es una prueba del compromiso de las universidades con la rendición de cuentas y la administración responsable”, afirmaron.
El CIN también cuestionó la forma en que se ha manejado el diálogo institucional. Según expresaron, en lugar de recibir una respuesta formal o convocar a reuniones de trabajo, el gobierno nacional ha optado por responder a través de redes sociales, evitando el canal institucional legítimo para abordar una problemática de alta complejidad.
“Hubiéramos preferido que convocaran a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional para trabajar soluciones conjuntas. La situación es grave, lo saben. Nuestra disposición al diálogo está intacta, pero urge encontrar respuestas reales que garanticen el normal funcionamiento de nuestras instituciones”, concluyeron.
Las universidades como pilar del desarrollo nacional
Las universidades públicas representan uno de los pilares fundamentales del desarrollo científico, tecnológico y social de Argentina. Su deterioro, advierten los especialistas, no solo afecta la formación de las nuevas generaciones, sino que también compromete la capacidad del país para generar conocimiento, impulsar la innovación y sostener una ciudadanía crítica y comprometida.
El reclamo de los rectores no es sólo presupuestario. Es, por sobre todo, un llamado a preservar el valor estratégico de las universidades para el futuro de la Nación. En este contexto, resulta imprescindible que se abra una instancia real de diálogo y negociación, que contemple el financiamiento adecuado del sistema y garantice condiciones dignas para quienes enseñan, investigan y estudian.
A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano rechazó las acusaciones que esgrimió el Consejo Interuniversitario Nacional por la falta de financiación.
Luego del comunicado que lanzó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que alertó por la falta de financiación, el Gobierno le respondió a las universidades nacionales y negó la renuncia de 10.000 profesores del sistema. En ese sentido, la cartera que conduce Sandra Pettovello expuso que hubo un aumento en los cargos para titulares de cátedra como de adjuntos y asociados.
El intercambio entre la administración central y las máximas autoridades educativas universitarias se intensificó este martes, después de que el CIN advirtiera públicamente sobre posibles consecuencias graves para la continuidad académica en el segundo cuatrimestre debido a la situación presupuestaria.
En ese marco, el Ministerio de Capital Humano emitió una comunicación oficial para desmentir de forma categórica la existencia de diez mil desvinculaciones en las plantillas docentes y garantizar el mantenimiento de los fondos del sistema.
Según el comunicado de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación, “no se han registrado 10.000 renuncias en el sistema universitario nacional”. La notificación ministerial afirma que esa cifra “carece por completo de sustento”. Según explicaron, los registros actualizados de CUIL, que reflejan la totalidad del personal activo en universidades nacionales, muestran actualmente que los cargos siguen ocupados, sin evidencia de bajas masivas entre los equipos docentes y no docentes.
