El diario
La toma de tierras y viviendas inconclusas, seguida por su demolición ordenada por la Municipalidad, ha dejado en evidencia la urgente necesidad de políticas habitacionales eficaces y sostenibles.
La crisis habitacional en Argentina continúa agravándose, y el barrio Santa Marta se ha convertido en el epicentro de un conflicto que expone la marginalidad y la falta de soluciones estructurales.
Desde la mañana del martes, maquinaria pesada trabaja en la demolición de al menos 30 viviendas que fueron declaradas inhabitables. El deterioro de las estructuras, producto del abandono y el saqueo de materiales, generó un riesgo inminente de derrumbe.
Según informaron fuentes municipales, la decisión de derribar estas casas se basó en el peligro que representaban para quienes intentaban habitarlas. Aunque a simple vista parecían sólidas, muchas de sus paredes eran de tergopol revestido con una malla de acero oxidada y una fina capa de revoque. Con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, las grietas se multiplicaron y el peligro estructural se volvió inminente.
Un proyecto de viviendas que quedó a mitad de camino
Las viviendas en Santa Marta formaban parte de un plan habitacional iniciado durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal. El objetivo era reubicar a familias afectadas por las inundaciones del río Luján, pero problemas de financiamiento dejaron la obra inconclusa, permitiendo que el abandono y la ocupación irregular se convirtieran en la realidad del lugar.
Ante la falta de soluciones habitacionales, muchas familias decidieron ocupar las casas y los terrenos adyacentes. La falta de respuestas por parte del Estado generó un escenario donde la desesperación y la necesidad se mezclan con la marginalidad y la delincuencia.
“El Aguantadero”: un refugio para el delito
Con el paso del tiempo, la zona se convirtió en refugio de delincuentes. Vecinos denunciaron que “todos los días venía la Policía, cargaba motos robadas y las sacaba de allí”. Esta situación alimentó la estigmatización del barrio y generó conflictos entre quienes buscan un techo digno y quienes aprovechan la vulnerabilidad del entorno para delinquir.
Las tomas de viviendas no parecieron estar organizadas por un grupo específico, sino que la información circuló de boca en boca entre familias de Luján y otras localidades cercanas. En su mayoría, los ocupantes son personas que no pueden seguir pagando alquileres cada vez más elevados.
“Vas a pedir un lote a la Municipalidad y por las buenas no te dan nada. Tengo 60 años, trabajo y no me dan nada. Todo lo tenés que hacer por las malas”, lamentó una vecina que participó en la toma.
Viviendas en venta y la economía paralela de la marginalidad
El drama habitacional en Santa Marta también ha dado lugar a la especulación ilegal. Se denunció la venta de viviendas ocupadas por cifras que rondan los 150 mil pesos. Además, algunos ocupantes han tomado varias casas, revendiendo materiales robados o intercambiándolos por drogas.
“Muchos tienen las chapas que se robaron de otras casas. Acá son re chorros, se roban entre ellos y venden las cosas”, explicó un vecino, señalando que los narcotraficantes también juegan un rol clave en la crisis.
Ante este escenario, muchas voces en la comunidad piden la realización de un censo que identifique a quienes realmente necesitan una vivienda, para evitar la reventa ilegal de lotes y casas ocupadas.
El rol del Estado y el futuro de las viviendas en Santa Marta
Mientras la maquinaria pesada avanza en la demolición de las estructuras abandonadas, decenas de familias buscan una solución para quedarse en un lugar que, aunque precario, representa su única posibilidad de tener un techo propio.
La situación de Santa Marta no es un caso aislado, sino una representación de la crisis habitacional que afecta a miles de familias en todo el país. La falta de inversión en viviendas accesibles, la ausencia de políticas de urbanización y la especulación inmobiliaria contribuyen a que la toma de tierras y la ocupación irregular sigan siendo la única alternativa para muchos.
La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse este modelo sin que se implementen soluciones reales y sostenibles para garantizar el derecho a la vivienda digna?
