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Tarifas de luz vuelven a quedar bajo discusión judicial luego de que la Provincia y las distribuidoras apelaran la cautelar que suspendió las últimas actualizaciones.
La discusión por el costo de la electricidad en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo judicial y ahora será una instancia superior la que deberá analizar los argumentos de las partes.
El conflicto enfrenta a la administración bonaerense y a las principales empresas distribuidoras con una medida que había frenado las últimas actualizaciones tarifarias.
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Tarifas de luz, otra vez en los tribunales
El Gobierno bonaerense y las empresas EDEN, EDEA, EDES y EDELAP decidieron recurrir el fallo dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca. El juez Agustín López Cóppola concedió los recursos y el expediente pasó a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.
La apelación busca revisar una medida cautelar que había suspendido los efectos de la Resolución N° 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Esa normativa había habilitado una actualización de determinados componentes provinciales de las facturas eléctricas.
El planteo judicial había sido impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, que cuestionó el procedimiento utilizado para establecer los nuevos valores en las tarifas de luz. Uno de los principales puntos de discusión fue la ausencia de una instancia previa de participación de los usuarios.
La resolución judicial no se limitó a suspender las actualizaciones. También dispuso que los valores alcanzados por la medida fueran retrotraídos al cuadro tarifario anterior y estableció mecanismos para compensar los importes que hubieran sido cobrados bajo el esquema cuestionado.
Ahora, la Cámara marplatense deberá analizar los planteos presentados por la Provincia y las distribuidoras. El resultado de esa revisión será determinante para saber si la cautelar se mantiene, se modifica o pierde vigencia.
El planteo de la Provincia
Uno de los ejes de la apelación oficial pasa por discutir el alcance que tuvo la decisión de primera instancia. La Provincia cuestiona que la ausencia de una audiencia pública sea suficiente para impedir la aplicación de las actualizaciones tarifarias y sostiene argumentos vinculados con el procedimiento utilizado para establecer los valores.
Las empresas, por su parte, también recurrieron el fallo. Entre sus planteos aparece la cuestión operativa derivada de la obligación de aplicar nuevamente determinados componentes del cuadro anterior mientras continúan vigentes otros valores correspondientes al sistema eléctrico.
Las distribuidoras sostienen que no cuentan con facultades para elaborar por iniciativa propia un nuevo cuadro para las tarifas de luz, ya que deben facturar los valores aprobados por la autoridad provincial correspondiente. Según sus presentaciones, la combinación de componentes tarifarios establecida por la cautelar genera dificultades para la implementación del esquema.
Otro de los argumentos expuestos por las empresas está relacionado con el impacto financiero que podría producir el mantenimiento del cuadro tarifario anterior. En sus apelaciones mencionaron compromisos vinculados con la operación del sistema eléctrico y acuerdos de regularización de deuda con CAMMESA.
La discusión, de todos modos, no implica por ahora que las subas vuelvan automáticamente a las facturas. La apelación deberá ser analizada por la Cámara y uno de los pedidos centrales de las distribuidoras consiste en que los recursos tengan efecto suspensivo.
Qué puede pasar con las facturas
La controversia tiene un efecto directo sobre los usuarios, porque la definición judicial determinará qué esquema tarifario debe utilizarse mientras continúa el expediente.
La cautelar había ordenado aplicar nuevamente los valores anteriores para los componentes provinciales alcanzados por la resolución cuestionada. Además, estableció que los importes cobrados de acuerdo con el esquema suspendido fueran reconocidos en las facturas posteriores.
La Justicia también cuestionó la falta de una instancia reciente de participación ciudadana antes de disponer las modificaciones tarifarias. Ese aspecto constituye uno de los principales puntos que deberán ser considerados en la segunda instancia.
Mientras tanto, la causa avanzará hacia la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Allí se pondrán en discusión tanto la validez y el alcance de la cautelar como los argumentos planteados por la Provincia y las distribuidoras.
El conflicto, por lo tanto, todavía está lejos de quedar cerrado. La próxima definición judicial será clave para determinar cómo continuará el esquema tarifario eléctrico bonaerense y qué tratamiento recibirán los importes alcanzados por la medida.
