El diario 
Fumigaciones en Carlos Keen y Marcos Paz generaron una investigación de la Defensoría, que reclamó controles, monitoreo ambiental y medidas de protección para las escuelas.
La problemática de las fumigaciones con agroquímicos cerca de establecimientos educativos volvió a quedar bajo la lupa de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
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Una investigación que incluye a Carlos Keen
El organismo difundió los resultados de una investigación iniciada de oficio a partir de episodios registrados en Marcos Paz y Carlos Keen, localidad del partido de Luján.
El relevamiento analizó situaciones denunciadas por comunidades educativas y vecinos, además de solicitar información a organismos provinciales y municipales para conocer las condiciones en las que se produjeron las aplicaciones y las medidas de control existentes.
En el caso de Carlos Keen, durante 2024 vecinos, organizaciones sociales e instituciones educativas denunciaron episodios de fumigación próximos a establecimientos de la localidad. Según esas presentaciones, un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria y una biblioteca popular debieron suspender actividades ante aplicaciones realizadas en las cercanías.
La situación fue incorporada a una investigación más amplia sobre la exposición potencial de comunidades educativas a productos utilizados en actividades agrícolas.
La Defensoría recordó que cuenta con facultades para investigar de oficio cuestiones relacionadas con la preservación del ambiente y puede solicitar informes, documentación y antecedentes a organismos públicos para analizar situaciones que involucren derechos e intereses protegidos.
El antecedente de Marcos Paz
Uno de los episodios analizados ocurrió en abril de 2023 en el barrio Santa Rosa de Marcos Paz. Allí se registró una fumigación en un predio lindero a una escuela primaria y un jardín de infantes durante el horario escolar.
El episodio provocó olores intensos y preocupación entre docentes y estudiantes. A partir de la investigación, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense informó a la Defensoría que la aplicación se había realizado dentro del perímetro de exclusión y sin contar con la receta agronómica ni la habilitación correspondiente.
Como consecuencia de esas irregularidades, la empresa responsable fue sancionada por la autoridad provincial.
El caso fue considerado por la Defensoría como un antecedente concreto para evaluar los mecanismos de fiscalización y respuesta frente a aplicaciones realizadas en proximidades de establecimientos educativos.
La investigación también permitió poner el foco en una cuestión más amplia: la existencia de zonas agrícolas cercanas a áreas urbanizadas y establecimientos donde concurren niños, adolescentes, docentes y trabajadores.
El dato sobre el partido de Luján
Uno de los aportes incorporados al expediente fue un estudio de la Universidad Nacional de Luján. Según la información difundida por la Defensoría, el trabajo concluyó que la totalidad de las zonas urbanas del partido de Luján se encuentra a menos de 3.000 metros de cultivos fumigables.
Dentro de ese escenario, Carlos Keen aparece entre las localidades señaladas por el estudio con mayor exposición potencial.
El dato no implica que todas las personas que viven o concurren a esos espacios hayan estado expuestas a una determinada sustancia ni permite atribuir efectos sanitarios concretos a las aplicaciones denunciadas. Se trata de una evaluación sobre la proximidad entre áreas urbanas y cultivos susceptibles de recibir fumigaciones.
La información, sin embargo, fue considerada por la Defensoría al momento de formular recomendaciones dirigidas a organismos provinciales, municipales y ambientales.
La necesidad de contar con información sistemática sobre exposición y presencia de agroquímicos constituye uno de los ejes centrales del planteo.
Reclamos para fortalecer los controles
A partir de los resultados obtenidos, la Defensoría exhortó al Ministerio de Ambiente bonaerense a implementar programas de monitoreo de agroquímicos en agua, suelo y aire en las cercanías de escuelas y a garantizar el acceso público a los resultados.
Al Ministerio de Salud provincial le pidió realizar estudios epidemiológicos sobre poblaciones potencialmente expuestas, con especial atención en niños, adolescentes y trabajadores rurales, además de crear registros de intoxicaciones asociadas.
También reclamó al Ministerio de Desarrollo Agrario fortalecer la fiscalización de las aplicaciones, revisar las distancias mínimas de resguardo sobre la base de criterios científicos actualizados y promover la producción agroecológica.
En el caso de la Municipalidad de Luján, la Defensoría solicitó reforzar los controles locales y establecer protocolos para actuar de manera inmediata ante episodios de deriva próximos a establecimientos educativos.
Finalmente, recomendó a ACUMAR incorporar determinaciones específicas de agroquímicos en sus monitoreos de agua y sedimentos.
El organismo también señaló que no recibió respuestas de los ministerios provinciales de Ambiente y Salud ni de la Municipalidad de Luján durante la investigación. Para la Defensoría, esa falta de información expuso debilidades en la articulación institucional frente a una problemática que requiere controles ambientales, sanitarios y territoriales coordinados.
El planteo vuelve a poner a Carlos Keen en el centro de una discusión que excede un episodio puntual y alcanza la necesidad de establecer mecanismos permanentes de prevención, monitoreo y respuesta ante fumigaciones próximas a escuelas.
