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La Provincia avanzó con una nueva regulación para limitar el uso del celular en las aulas y reforzar la prevención del acoso digital, con excepciones pedagógicas y sanitarias específicas.
La utilización de teléfonos celulares dentro de las escuelas volvió a quedar en el centro del debate educativo. La discusión ya no se limita a las distracciones que pueden generar durante las clases, sino que también involucra la convivencia entre estudiantes, la privacidad y los riesgos que aparecen cuando los contenidos digitales circulan sin consentimiento.
Con una nueva normativa, la provincia de Buenos Aires estableció restricciones para el uso de estos dispositivos en las aulas del nivel secundario. La medida busca delimitar cuándo pueden utilizarse las pantallas dentro de la jornada escolar y bajo qué condiciones se justifica su presencia como herramienta educativa.
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La decisión se complementa con otra iniciativa legislativa destinada a prevenir distintas formas de violencia digital entre adolescentes. Ambas medidas apuntan a que las instituciones educativas cuenten con criterios más claros para abordar situaciones que pueden comenzar en internet y trasladarse a la vida cotidiana de los estudiantes.
Qué cambia con la prohibición del el uso del celular en las aulas
La regulación dispone que los alumnos pueden llevar sus teléfonos celulares a la escuela, pero no utilizarlos durante las horas de cursada. De esta manera, la restricción no implica impedir que los estudiantes ingresen al establecimiento con sus dispositivos, sino limitar su utilización durante el desarrollo de las clases.
La diferencia es importante porque el objetivo de la medida está puesto en el uso de la tecnología dentro del espacio educativo. Los teléfonos pueden convertirse en una fuente de distracción cuando se utilizan para consultar redes sociales, intercambiar mensajes o acceder a contenidos ajenos a las actividades escolares.
Al mismo tiempo, la norma contempla situaciones en las que las pantallas pueden cumplir una función específica. El uso estará permitido cuando exista una finalidad pedagógica expresa y autorización del docente, así como cuando responda a necesidades particulares de salud del estudiante.
Estas excepciones permiten distinguir entre el uso recreativo del celular y aquellas situaciones en las que el dispositivo resulta necesario para acompañar una actividad de aprendizaje o atender una condición sanitaria.
La implementación de la regulación plantea un desafío para las escuelas, que deberán aplicar criterios claros y comunicarlos a los estudiantes y sus familias. También será importante que las excepciones se comprendan adecuadamente para evitar interpretaciones contradictorias entre cursos o establecimientos.
La decisión incorpora al nivel secundario a un esquema provincial que ya contemplaba limitaciones para el uso de dispositivos en las escuelas primarias. Con esta ampliación, se busca unificar los criterios para ambos niveles educativos.
La Ley Ema y la prevención del acoso digital
La regulación de los celulares fue acompañada por la aprobación de la denominada Ley Ema, una iniciativa orientada a prevenir situaciones de acoso digital y fortalecer las herramientas de intervención dentro del sistema educativo.
El proyecto surgió a partir de la muerte de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se suicidó en agosto de 2024, después de que un video íntimo suyo fuera difundido sin consentimiento en su entorno escolar.
Su madre, Laura Sánchez, impulsó una propuesta para evitar que otras familias atraviesen situaciones similares. A partir de esa iniciativa se desarrolló primero una guía de prevención y posteriormente un proyecto legislativo, elaborado con la participación de colectivos y especialistas.
La ley incorpora la ciudadanía digital segura como un eje de la formación educativa. Entre sus principales disposiciones figura la inclusión de contenidos obligatorios relacionados con el consentimiento, la privacidad, los derechos digitales y el uso crítico de la tecnología.
El propósito es que los estudiantes cuenten con herramientas para reconocer conductas dañinas, comprender las consecuencias de compartir material privado y desenvolverse de manera responsable en los espacios virtuales.
La norma también establece la capacitación docente obligatoria en estas materias y prevé la actualización de los protocolos de actuación ante situaciones concretas de violencia digital. La intención es fortalecer la capacidad de las instituciones para detectar los problemas, intervenir y acompañar a quienes resulten afectados.
Otro aspecto relevante es la ampliación de las conductas contempladas dentro de esta problemática. La legislación incluye la difusión no consentida de material íntimo, la sextorsión, la llamada pornovenganza, el ciberbullying, el hostigamiento y los discursos de odio misóginos en entornos digitales.
El desafío de las escuelas frente a la violencia digital
La aprobación de estas medidas se produce en un contexto de preocupación por la circulación de imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial. Entre los episodios que encendieron las alertas se encuentran casos de imágenes de alumnas alteradas por compañeros y difundidas en entornos escolares.
Estas prácticas muestran que la violencia entre estudiantes puede adquirir nuevas formas cuando se utilizan herramientas digitales. La facilidad para modificar imágenes, compartir publicaciones y replicar contenidos aumenta la necesidad de trabajar sobre el consentimiento y las consecuencias de vulnerar la intimidad de otra persona.
La restricción de los celulares durante las clases y la prevención del acoso digital responden a problemas relacionados, aunque no idénticos. Mientras una medida busca ordenar el uso de dispositivos durante la jornada educativa, la otra establece herramientas de formación y actuación ante situaciones de violencia.
El desafío para las escuelas será transformar las disposiciones legales en prácticas cotidianas. Esto requiere que docentes, directivos, estudiantes y familias conozcan las reglas, comprendan sus fundamentos y sepan cómo actuar ante un episodio de hostigamiento.
La educación digital no se limita a restringir el acceso a una pantalla. También supone enseñar a respetar la privacidad, reconocer los límites del consentimiento y asumir que las acciones realizadas en internet pueden tener consecuencias reales.
Con las nuevas regulaciones sobre el uso de el uso del celular en las aulas, la provincia de Buenos Aires incorpora herramientas para abordar tanto las distracciones vinculadas al uso de los teléfonos como los riesgos de la violencia digital. Su alcance concreto dependerá de la aplicación de las normas y del trabajo sostenido de las comunidades educativas.
