El diario
Acusaciones cruzadas entre empresas de colectivos por presuntas prácticas indebidas impulsó a la Secretaría de Transporte a una auditoría integral sobre el sistema de compensaciones al transporte público en el AMBA.
El Gobierno nacional decidió avanzar con una auditoría exhaustiva sobre las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras recibir denuncias que advierten sobre posibles maniobras para manipular el sistema de subsidios al transporte público.
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y contempla, además, la retención preventiva de pagos en aquellos casos donde se detecten irregularidades.
Empresas de Colectivos en la mira de la justicia
La decisión se tomó luego de una reunión mantenida con representantes de las principales cámaras empresarias del sector, en la que se expusieron acusaciones concretas contra determinadas compañías. Según las presentaciones realizadas ante el área oficial, algunas firmas habrían utilizado mecanismos irregulares para aumentar el monto de las compensaciones estatales percibidas.
En particular, las denuncias apuntan al grupo La Nueva Metropol, señalado por otras empresas de colectivos por presuntamente asignar boletos correspondientes a recorridos largos a pasajeros que realizan trayectos cortos. Esa práctica, de comprobarse, permitiría inflar artificialmente los datos de demanda utilizados para calcular los subsidios que abona el Estado.
Frente a este escenario, la Secretaría de Transporte instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios para que lleve adelante una auditoría integral del sistema SUBE y de los parámetros operativos que determinan la liquidación de las compensaciones. El control no se limitará a la empresa denunciada, sino que se extenderá a todas las operadoras del sistema de transporte urbano.
El proceso contará con el respaldo técnico de Nación Servicios S.A., administradora del sistema de pagos estatal, y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Además del análisis de datos, se prevén fiscalizaciones presenciales en las unidades de colectivo y verificaciones en campo para constatar la correcta validación de boletos.
El trasfondo del conflicto está vinculado con la modificación del esquema de subsidios implementada por el Gobierno a partir de la resolución 45/2024. Con ese cambio, el Ejecutivo dejó de priorizar variables como los kilómetros recorridos o el consumo de combustible, y pasó a calcular las compensaciones en función de la demanda real de pasajeros, medida a través de los registros del sistema SUBE y del índice de pasajeros por kilómetro (IPK).
Según fuentes del sector, esta transición dejó al descubierto movimientos atípicos en la validación de boletos de colectivos que podrían haber sido utilizados para incrementar la asignación de fondos públicos. Las cámaras empresarias estiman que el presunto desvío de recursos podría ascender a unos 30.000 millones de pesos, y no descartan avanzar con una denuncia penal si se comprueban las irregularidades.
Desde el grupo empresarial señalado rechazaron las acusaciones y aseguraron que las variaciones observadas responden a la adaptación al nuevo marco regulatorio. En ese sentido, sostienen que el objetivo del cambio normativo es corregir la denominada “evasión gris” del sistema y mejorar la trazabilidad de los pasajeros transportados.
Las autoridades nacionales remarcaron que las medidas adoptadas tendrán carácter inmediato y transitorio, hasta tanto se concluyan las verificaciones técnicas. Tanto el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, como el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, coincidieron en que el objetivo central es garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos y asegurar que los subsidios se distribuyan conforme a la normativa vigente.
