El diario
La diputada salteña Pamela Calletti presentó un proyecto que busca regular la transmisión de bienes digitales —como criptomonedas, cuentas online y perfiles en redes sociales— en el derecho sucesorio argentino.
En un contexto donde la vida cotidiana se desarrolla crecientemente en entornos digitales, la diputada nacional por Salta Pamela Calletti presentó un proyecto de ley que propone incorporar al derecho sucesorio argentino la transmisión ordenada y segura de los bienes digitales de una persona fallecida.
La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados, reconoce que el patrimonio de los individuos ya no se limita a bienes materiales y activos financieros tradicionales: hoy también incluye criptomonedas, cuentas online, perfiles en redes sociales, archivos alojados en la nube, licencias digitales e incluso dispositivos electrónicos que almacenan información.
Bienes digitales en herencias: una categoría en expansión
El proyecto establece una clasificación entre bienes digitales materiales —como notebooks, celulares o discos externos— y bienes digitales inmateriales, que abarcan un universo cada vez más amplio:
- Wallets de criptomonedas.
- Cuentas en redes sociales.
- Correos electrónicos.
- Archivos digitales.
- Plataformas de almacenamiento en la nube.
- Licencias de software y contenidos digitales.
Todos ellos integrarán el acervo hereditario del causante, a menos que exista una disposición expresa en contrario mediante testamento.
Registro de Testamentos de Bienes Digitales: una innovación jurídica
Una de las propuestas centrales del proyecto es la creación del Registro de Testamentos de Bienes Digitales, donde los titulares podrán inscribir instrucciones específicas sobre el destino de su legado digital.
Este registro permitirá que los herederos tengan seguridad jurídica sobre:
- Cómo acceder a las cuentas.
- Qué bienes deben ser mantenidos, transferidos o eliminados.
- Cómo actuar ante plataformas cuyos términos de servicio puedan contradecir lo dispuesto por el causante.
La iniciativa aclara que ningún proveedor de servicios digitales podrá imponer condiciones que desconozcan las voluntades testamentarias.
El gestor digital: una figura clave en la administración
El proyecto también incorpora la figura del gestor digital, una persona designada por escritura pública para administrar activos digitales en caso de incapacidad o fallecimiento del titular.
Este rol permitirá:
- Administrar perfiles en redes sociales.
- Gestionar cuentas económicas o financieras digitales.
- Preservar archivos con valor cultural o familiar.
- Cumplir instrucciones específicas del testamento digital.
Un vacío legal que busca ser resuelto
Calletti justificó la necesidad de esta regulación señalando que “el siglo XXI consolidó la era de la información y la conectividad, y hoy el legado digital es parte inescindible del patrimonio de cada persona”.
La diputada resaltó que actualmente no existe en Argentina un marco jurídico claro para resolver la transmisión de activos digitales, lo que genera conflictos familiares, pérdidas económicas —especialmente en el caso de criptomonedas— y dificultades para acceder a información de valor sentimental.
El proyecto toma como antecedente la Ley 10/2017 de la Comunidad Catalana, una de las normativas más avanzadas en materia de voluntades digitales, e intenta armonizarla con el sistema sucesorio argentino.
Plazos y puesta en marcha
Si el proyecto obtiene aprobación parlamentaria, la ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial.
Además, el Poder Ejecutivo contará con 180 días para su reglamentación, etapa clave para definir procedimientos digitales y mecanismos de inscripción en el nuevo registro.
La iniciativa abre un debate profundo sobre el acceso, la privacidad, el valor económico y el significado afectivo de los bienes digitales, un terreno donde la vida, la memoria y la herencia se cruzan con tecnología y derecho.
De prosperar, Argentina se convertirá en uno de los pocos países de la región en regular de manera específica la transmisión hereditaria de activos digitales, adaptando la legislación a los desafíos de una sociedad cada vez más conectada.
