Extraditan a un delincuente panameño oculto en un country de Luján

Radio Estación Luján
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En un operativo que combinó tecnología de punta, cooperación internacional y un minucioso trabajo de inteligencia, un delincuente panameño con pedido de captura internacional fue detenido en un exclusivo country de Luján y extraditado a su país de origen.

El acusado era buscado por la justicia panameña por los delitos de lavado de activos y falsificación de documentos, en el marco de una causa en la que se investiga el desvío de 11 millones de dólares.

El procedimiento fue realizado por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Buenos Aires y las autoridades panameñas. La captura se llevó a cabo en el barrio cerrado Santa Irene, dentro del complejo Comarcas de Luján, un lugar elegido por el prófugo para ocultarse bajo perfil y con comodidades de alto nivel.

El perfil del delincuente y la causa que lo rodea

Según la investigación llevada adelante por la justicia de Panamá, el individuo está acusado de manipular documentación legal para transferir 11 millones de dólares pertenecientes a una reconocida fundación. El dinero habría sido desviado hacia una cuenta bancaria a nombre de una persona jurídica controlada por el propio imputado, en una operación que tuvo lugar en junio de 2021.

Estos hechos motivaron a la Unidad de Delitos Contra la Fe Pública del Ministerio Público panameño a emitir una Notificación Roja a través de Interpol el 31 de marzo de 2025, lo que activó la búsqueda internacional del delincuente, con el objetivo de lograr su detención y extradición.

Un operativo meticuloso en el corazón de Luján

Una vez que la Policía Federal Argentina recibió la alerta internacional, se iniciaron tareas de campo intensivas para dar con el paradero del fugitivo. Gracias al intercambio fluido de información con la OCN Panamá, se logró determinar que el hombre se encontraba residiendo junto a su pareja en una casa de lujo ubicada en el barrio Santa Irene, y que se desplazaba en un vehículo de alta gama, lo que complicaba su seguimiento discreto.

Dado que el sospechoso rara vez salía de la vivienda, se decidió implementar un operativo de vigilancia especial que incluyó la utilización de drones para confirmar su presencia. Agentes de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas de la PFA registraron imágenes que resultaron claves para que el juzgado actuante avanzara con la orden de allanamiento.

Delincuente panameño deportado

La orden judicial y la extradición

Con la evidencia recolectada, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, a cargo del Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, y la Secretaría N°4 encabezada por el Dr. Cristian Gómez, autorizó el ingreso a la propiedad. En el procedimiento se logró finalmente la detención del delincuente, quien fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad.

Tras completarse los trámites judiciales y diplomáticos correspondientes, el hombre fue extraditado a Panamá para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra. El caso es un claro ejemplo de cómo la cooperación entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales internacionales permite combatir eficazmente el crimen transnacional.

Un mensaje claro: Argentina no será refugio de prófugos

La captura de este delincuente internacional reafirma la política de endurecimiento en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Las autoridades argentinas enviaron un mensaje contundente al señalar que el país no será un refugio para prófugos de la justicia, y que se utilizarán todos los recursos disponibles para localizarlos y expulsarlos.

Este episodio en Luján no solo expone el nivel de sofisticación que pueden alcanzar ciertas redes criminales, sino también la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad argentinas cuando se articulan con precisión y compromiso. La extradición marca el cierre de un capítulo judicial para Argentina, pero el inicio de un proceso clave para la justicia panameña, que ahora deberá determinar la responsabilidad penal del acusado por un fraude millonario.

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