El diario
Un megaoperativo contra la ciberpedofilia permitió concretar 121 allanamientos en 76 localidades bonaerenses, con 111 personas investigadas y el secuestro de cientos de dispositivos electrónicos.
La provincia de Buenos Aires desplegó uno de los mayores procedimientos judiciales de los últimos años contra delitos sexuales cometidos a través de internet. En el marco de la séptima edición de la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias”, se realizaron 121 allanamientos simultáneos y coordinados en 76 localidades, con el objetivo de investigar hechos vinculados con la distribución, tenencia y posible producción de material de abuso sexual infantil, además de casos de acoso sexual en línea o grooming.
Operativo simultáneo en toda la provincia
El operativo fue impulsado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita de la Procuración General que encabeza Julio Conte-Grand, y contó con la participación de fiscales especializados en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil pertenecientes a distintos departamentos judiciales.
La investigación alcanzó inicialmente 138 objetivos, aunque tras el análisis de la información recopilada se concretaron finalmente 121 allanamientos sobre domicilios considerados de interés para la causa.
Según informaron fuentes judiciales, la acción conjunta busca desarticular redes de agresores sexuales que operan mediante plataformas digitales y combatir la circulación de material de abuso sexual infantil en internet.
Ciberpedofilia y delitos investigados
Las investigaciones comprenden distintos delitos previstos en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.
Entre ellos figuran la distribución de material de abuso sexual infantil, su tenencia, la eventual producción de ese contenido y el delito de grooming, que consiste en el acoso sexual a menores de edad mediante medios digitales con fines de abuso o explotación.
El procedimiento fue coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense.
Para el desarrollo del operativo se conformó una red integrada por ocho fiscalías especializadas que funcionaron como nodos de investigación y coordinación. Estas sedes estuvieron ubicadas en General Madariaga, Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Berazategui y Quilmes, desde donde se centralizó el intercambio de información con los distintos departamentos judiciales involucrados.
Los allanamientos alcanzaron causas pertenecientes a Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana y la descentralizada de Tres Arroyos.
Más de un centenar de personas bajo investigación
Como resultado de la operación, el Ministerio Público informó que actualmente existen 111 personas investigadas.
Del total, 106 son varones y cinco mujeres.
Además, la investigación detectó dos menores de 18 años que habrían compartido material de abuso sexual infantil, situación que también quedó incorporada a las actuaciones judiciales correspondientes.
Las edades de los involucrados oscilan entre los 15 y los 75 años, lo que evidencia la amplitud del perfil etario alcanzado por las investigaciones.
Otro dato informado por la Procuración señala que seis de los investigados desempeñaban actividades laborales con contacto directo con niños, niñas o adolescentes, circunstancia considerada de especial relevancia dentro del avance de las causas.
Durante el operativo también fueron identificados 37 menores de edad que convivían con personas investigadas, además de cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil cuya situación quedó bajo análisis de las autoridades competentes.
Antecedentes y nuevos hallazgos
Entre los domicilios allanados se identificó a una persona que registraba antecedentes por una causa de abuso sexual infantil.
Asimismo, uno de los procedimientos permitió profundizar una investigación iniciada durante una edición anterior del operativo Protección de las Infancias.
Según explicaron desde el Ministerio Público, aquella causa había comenzado por la tenencia de material de abuso sexual infantil y, gracias al avance posterior de la investigación, fue posible detectar a una nueva imputada por presunta producción y distribución de ese tipo de contenido.
Los allanamientos también alcanzaron una unidad del Servicio Penitenciario, donde se investigan hechos atribuidos a personas privadas de la libertad por delitos de abuso sexual infantil.
Dispositivos secuestrados
Los procedimientos permitieron secuestrar una importante cantidad de evidencia informática que será sometida a peritajes especializados.
Entre los elementos incautados se encuentran 80 computadoras, 165 teléfonos celulares y 160 dispositivos de almacenamiento digital, además de dos armas de fuego halladas durante los allanamientos.
Paralelamente, los especialistas realizaron 31 análisis preliminares —conocidos técnicamente como triages o visus— sobre parte del material informático secuestrado, una herramienta que permite detectar rápidamente evidencia relevante para orientar las investigaciones antes de efectuar los peritajes completos.
Una investigación coordinada en toda la provincia
La séptima edición de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias volvió a poner de manifiesto la coordinación entre fiscales especializados de numerosos departamentos judiciales para abordar delitos que, por su modalidad digital, requieren investigaciones complejas y el trabajo conjunto de distintas jurisdicciones.
Las autoridades judiciales destacaron que el objetivo de este tipo de procedimientos no solo consiste en identificar y poner a disposición de la Justicia a quienes distribuyen o producen material de abuso sexual infantil, sino también detectar posibles víctimas, proteger a menores de edad y evitar la continuidad de delitos cometidos mediante plataformas digitales.
La investigación continuará con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados y con las medidas procesales que dispongan los fiscales intervinientes en cada uno de los expedientes abiertos tras los allanamientos realizados en toda la provincia de Buenos Aires.
