El diario
La DGCyE bonaerense anunció recientemente una serie de medidas destinadas a fortalecer y garantizar el servicio de transporte escolar, un pilar clave para asegurar la educación.
Con una inversión cercana a los mil millones de pesos, el gobierno bonaerense, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, busca responder a las dificultades registradas en algunos distritos y asegurar que miles de estudiantes puedan asistir a clase sin interrupciones.
Una inversión estratégica para el acceso a la educación
Durante el último mes, la provincia destinó un total de $998.919.598 para cubrir los costos del servicio correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril del ciclo lectivo 2025. Esta inversión no solo salda deudas acumuladas, sino que permite normalizar el funcionamiento del sistema en un contexto económico complejo.
Además, a partir del 1 de julio se implementará un aumento del 10,3% en los montos asignados al transporte escolar. Este incremento tiene como objetivo adecuar los valores a los costos actuales del servicio y responder a las demandas de los prestadores, garantizando la continuidad y calidad del mismo.
Descentralización para una gestión más eficiente
Las acciones se enmarcan dentro del Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa, una política pública que otorga mayor autonomía y capacidad de respuesta a los distritos. A través de este programa, los Consejos Escolares reciben directamente los fondos para la contratación del servicio de transporte escolar y son responsables de su administración, ejecución y rendición, conforme a la normativa vigente.
Este modelo permite una gestión más cercana a las necesidades reales de cada comunidad educativa, ya que contempla aspectos clave como la cantidad de estudiantes, las distancias recorridas y las condiciones geográficas que inciden directamente en el costo del servicio.
Criterios de asignación para atender urgencias
En esta etapa, la asignación de fondos tuvo un enfoque estratégico y de urgencia. Se priorizaron los distritos con situaciones críticas, a partir de un análisis técnico que consideró la cantidad de alumnos transportados, la extensión de los recorridos y las condiciones territoriales particulares. Esta metodología permitió destinar recursos de manera equitativa y efectiva, atendiendo realidades dispares incluso entre distritos vecinos.
Desde la DGCyE se destacó que la implementación de estos criterios busca garantizar que ningún estudiante quede sin acceso a la escuela por falta de transporte, reafirmando el compromiso con la inclusión y la equidad.
La normativa vigente establece que los Consejos Escolares deben rendir cuentas en un plazo de 60 días, cumpliendo con todos los requisitos fiscales y administrativos exigidos por los organismos de control. Esta obligación garantiza la transparencia en el uso de los fondos públicos y fortalece la confianza en el sistema.
Además, se recuerda que la ejecución y custodia de estos recursos debe realizarse bajo los lineamientos de la RESOC-2020-2508-GDEBA-DGCYE y la legislación provincial correspondiente, lo cual brinda un marco jurídico claro para la administración del servicio.
Una política activa frente al ajuste nacional
En un escenario nacional marcado por el ajuste presupuestario y la reducción de transferencias a las provincias, Buenos Aires sostiene una política activa de protección y fortalecimiento del transporte escolar. Lejos de recortar servicios, el gobierno provincial reafirma su compromiso con la educación pública, invirtiendo en políticas inclusivas que aseguren el ejercicio pleno del derecho a aprender.
Este esfuerzo no es nuevo. Desde el inicio de la actual gestión, la provincia ha trabajado en garantizar que todas y todos los estudiantes tengan acceso efectivo a la escuela, sin importar su lugar de residencia o situación socioeconómica.
Transporte escolar: más que un servicio, un derecho
El transporte escolar es mucho más que un medio para llegar a la escuela. Es una herramienta que garantiza igualdad, inclusión y permanencia en el sistema educativo. La continuidad de este servicio es fundamental, especialmente en zonas rurales o con escasa conectividad, donde representa el único vínculo posible entre los estudiantes y su derecho a la educación.
En este sentido, las medidas anunciadas por la DGCyE reafirman que el Estado provincial asume un rol activo en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Frente a los desafíos del contexto económico, se elige priorizar la educación como motor de desarrollo y cohesión social.
La provincia de Buenos Aires refuerza el servicio de transporte escolar con una inversión cercana a los mil millones de pesos y un aumento del 10,3% desde julio, garantizando el acceso a la educación en todos los distritos.
