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La detención de Marcia Giovanetone volvió a poner el foco sobre una presunta organización de Narcotráfico en Luján que manejaba puntos de venta de drogas en barrios y localidades cercanas.
La detención de Marcia Daniela Giovanetone, conocida en el ambiente barrial como “La Marcia”, volvió a colocar bajo la lupa una investigación por narcotráfico que tiene como escenario a Luján y General Rodríguez. La mujer está acusada de liderar una organización familiar dedicada a la comercialización de estupefacientes y era buscada por la Justicia federal después de haber incumplido, presuntamente, las condiciones de su arresto domiciliario.
La estructura investigada no habría funcionado como un único punto de venta, sino mediante una red de lugares de comercialización distribuidos en distintos sectores. De acuerdo con las actuaciones judiciales, el grupo contaba con personas encargadas de vender la droga, trasladarla, distribuirla y administrar los ingresos obtenidos.
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La investigación también puso la atención sobre el entorno familiar de Giovanetone y sobre el papel que habrían desempeñado distintas personas cercanas a ella. Algunos de los integrantes señalados por los investigadores ya habían sido detenidos en procedimientos anteriores, mientras que la presunta jefa permaneció prófuga hasta su reciente localización en Moreno.
Narcotráfico en Luján: una estructura con varios puntos de venta
El caso adquirió especial relevancia por la dimensión territorial de la actividad investigada y por la continuidad de los procedimientos policiales que permitieron identificar a distintos integrantes de la organización.
La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una presunta red de comercialización de drogas que habría tenido su base de operaciones en la zona de Luján, con conexiones hacia General Rodríguez y otros sectores cercanos.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la organización interna del grupo. Según las actuaciones, la estructura contaba con distintos niveles de participación y no dependía exclusivamente de la presencia de una persona en cada punto de venta.
Los denominados kioscos de droga funcionaban como lugares de comercialización de pequeñas cantidades de estupefacientes. La modalidad investigada incluía la distribución de cocaína fraccionada en dosis de bajo costo, destinada a consumidores que concurrían a los puntos identificados por las autoridades.
Uno de esos lugares habría contado con un sistema particular de entrega: la droga se comercializaba a través de una abertura practicada en una pared, lo que permitía realizar las operaciones sin que existiera un contacto directo permanente entre vendedores y compradores.
La investigación también detectó la utilización de cámaras de seguridad en los alrededores y en el interior de los lugares vinculados con la actividad. Esos dispositivos habrían permitido controlar los movimientos en las inmediaciones y mantener vigilancia sobre los espacios utilizados para la comercialización.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, Giovanetone habría supervisado parte de esos sistemas mediante televisores, teléfonos celulares y tablets. El objetivo habría sido mantener el control de los movimientos y advertir posibles intervenciones policiales.
Con el paso del tiempo, la organización habría ampliado su funcionamiento mediante la incorporación de más vendedores y personas encargadas de trasladar los estupefacientes hacia otros puntos de comercialización.
Los familiares y colaboradores que quedaron bajo investigación
Uno de los elementos más relevantes del expediente es la presunta participación de integrantes del entorno familiar de Giovanetone. Los investigadores sostienen que la organización habría tenido un funcionamiento basado en vínculos de confianza y en la distribución de tareas entre personas cercanas a la mujer.
Entre los nombres mencionados aparece Carlos Alberto Salas, conocido como “El Rubio”, expareja de Giovanetone y señalado como presunto integrante de la conducción de la estructura. Su situación judicial se complicó después de protagonizar un episodio armado por el que fue investigado, entre otros delitos, por abuso de armas.
También quedó involucrado Tomás Hernández, conocido como “Tomy”, hijo mayor de la mujer, a quien los investigadores atribuyeron funciones vinculadas con la administración de puntos de venta.
Otro de los nombres que aparecen en el expediente es el de Diego Salas, señalado como una de las personas que habría participado en la distribución de cocaína y en la recaudación del dinero.
Macarena Peralta también fue identificada como presunta colaboradora en esas tareas, mientras que Facundo Santillán habría tenido un papel relacionado con la provisión de vehículos utilizados para trasladar a integrantes de la organización y a quienes participaban de la recaudación.
La sucesión de detenciones permitió avanzar sobre diferentes sectores de la presunta estructura. Sin embargo, la captura de Giovanetone era considerada un objetivo central debido al lugar que le atribuían los investigadores dentro de la organización.
La causa quedó bajo intervención de la Justicia federal de Mercedes, a cargo del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien intervino en las actuaciones vinculadas con los distintos detenidos.
Los antecedentes y el patrimonio bajo investigación
El expediente también reconstruyó los antecedentes de Giovanetone y los movimientos patrimoniales que habrían estado relacionados con la actividad investigada.
La mujer, de 37 años, registra actuaciones penales desde 2014 y fue vinculada posteriormente con diferentes investigaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes. En agosto de 2023, durante un procedimiento ordenado por la Justicia, se secuestraron 1,292 kilos de cocaína, tanto fraccionada como compacta.
En febrero de 2024 volvió a ser detenida en un procedimiento en el que se encontraron cocaína y marihuana. Las actuaciones continuaron durante 2025, con nuevos allanamientos, detenciones y secuestros de sustancias.
Otro aspecto de la investigación estuvo relacionado con el presunto crecimiento patrimonial de la organización. Los investigadores señalaron la adquisición de tres propiedades y seis vehículos, algunos de alta gama, cuyo valor conjunto fue estimado en aproximadamente 430.000 dólares.
La hipótesis judicial apunta a determinar si esos bienes fueron adquiridos mediante ingresos provenientes de la comercialización de drogas. También se investigaron posibles maniobras de lavado de activos y la ausencia de actividades comerciales registradas que permitieran justificar determinados movimientos económicos.
En paralelo, los registros oficiales mostraron que Giovanetone había recibido diferentes programas sociales entre 2015 y 2022, entre ellos Progresar, la Asignación Universal por Hijo y el Programa Hogar.
La investigación también tuvo un episodio importante cuando la mujer logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades después de la detención de otros integrantes de su entorno. Su situación de prisión domiciliaria habría sido utilizada para continuar con las actividades que se le atribuyen, hasta que se produjo su fuga y posterior búsqueda.
Finalmente, la Policía Bonaerense logró localizarla en Moreno, donde intentó escapar al momento de ser interceptada y chocó contra un patrullero.
Su detención abre una nueva etapa para una causa que busca establecer las responsabilidades de cada integrante y reconstruir el circuito económico y territorial de la presunta organización. Para Luján, el expediente vuelve a poner en primer plano una problemática que excede los procedimientos individuales y que involucra investigaciones sobre redes de comercialización, distribución y financiamiento del narcotráfico.
Con información de Infobae
