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El Gobierno incorporó 27 rutas nacionales al sistema de concesiones por peaje. La medida habilita futuras licitaciones privadas y alcanza corredores de distintas provincias, incluida Buenos Aires.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de concesiones viales y amplió la cantidad de rutas nacionales que podrán quedar bajo administración privada mediante el cobro de peajes. La decisión incorpora 27 trazas de la Red Vial Nacional al programa denominado Red Federal de Concesiones.
La iniciativa busca incorporar empresas privadas a las tareas de conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de caminos. El objetivo planteado es promover inversiones en infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad de los corredores.
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La medida comprende rutas distribuidas en distintas regiones del país y tiene una presencia importante en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la incorporación al programa no significa que todos los kilómetros de cada ruta serán concesionados.
Rutas nacionales: cuáles son las 27 incorporadas
Entre las trazas incluidas aparecen las rutas nacionales 3, 22, 33, 35, 228 y el acceso A0017, vinculados con la provincia de Buenos Aires. También se incorporó la ruta 9, que atraviesa Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
El listado comprende además las rutas 11, 12, 14 y 16, que atraviesan distintas provincias del litoral y el norte argentino. Se suman las rutas 81 y 86, en Formosa; la 89, entre Chaco y Santiago del Estero; y las 120, 121 y 122, en Corrientes.
En la Patagonia fueron incluidas las rutas 25 y 26, en Chubut, y la 237, en Neuquén. El resto del listado contempla las rutas 34, 38, 50, 60, 151, 152 y 158.
De esta manera, la ampliación alcanza a Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y La Rioja.
Cómo se definirán las futuras concesiones
Uno de los aspectos centrales de la medida es que no todas las rutas serán concesionadas en su totalidad. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá determinar qué tramos integrarán los futuros corredores, tomando como referencia los informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad.
Una vez definidos los sectores, la cartera económica tendrá que aprobar los pliegos, convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales, evaluar las ofertas y adjudicar los contratos.
El plazo establecido para realizar los llamados a licitación es de 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma. Por lo tanto, todavía resta completar una serie de instancias administrativas antes de conocer qué empresas estarán a cargo de cada corredor.
La incorporación de las trazas constituye el primer paso de un proceso que deberá establecer las condiciones particulares de cada concesión y las obligaciones que asumirán los futuros operadores.
El control seguirá en manos de Vialidad Nacional
Aunque el esquema contempla una mayor participación privada en la gestión de las rutas, el Estado conservará funciones de supervisión. Vialidad Nacional será la autoridad de aplicación de los contratos y tendrá a su cargo controlar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas adjudicatarias.
La normativa también establece que los nuevos tramos no podrán superponerse con sectores que ya fueron concesionados en las etapas I, II, II-B y III de la Red Federal de Concesiones.
Esta disposición busca evitar que un mismo sector quede incluido en más de un contrato, por lo que la delimitación de los corredores será una instancia fundamental.
La ampliación del programa abre una nueva etapa en la reorganización de la infraestructura vial argentina. El alcance definitivo dependerá de los estudios técnicos, las licitaciones y las condiciones que se establezcan para cada recorrido.
