Las rutas nacionales de Buenos Aires y La Pampa iniciaron una nueva etapa con empresas privadas a cargo de la explotación y el mantenimiento. El cambio genera expectativas e incertidumbre laboral.
Desde este 1° de julio comenzó formalmente una nueva etapa para las rutas nacionales y autopistas comprendidas en la Red Federal de Concesiones. Empresas privadas asumieron la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de corredores estratégicos que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa, poniendo fin a la gestión que hasta ahora desarrollaba Corredores Viales S.A.
La medida forma parte de la denominada Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional y representa una modificación significativa en el sistema de administración de la infraestructura vial.
Con este esquema, la responsabilidad operativa de los peajes, el mantenimiento y las tareas vinculadas con la conservación de las calzadas queda en manos de nuevas sociedades concesionarias, mientras que el Estado nacional pasará a desempeñar un rol de fiscalización y control.
Rutas bajo nuevas concesiones
Las nuevas adjudicaciones comprenden dos importantes corredores.
El denominado Tramo Pampa quedó bajo la administración de Corredor Vial 5 SAU e incluye 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5.
Este corredor conecta la ciudad de Luján con Mercedes y continúa hacia la provincia de La Pampa hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, constituyendo uno de los principales ejes de comunicación entre ambas provincias.
Por otra parte, el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur fue adjudicado a Rutas Sur Atlántico S.A.
La concesión comprende 1.325,17 kilómetros e incluye sectores de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Se trata de corredores con un elevado volumen de circulación diaria, tanto para el transporte de pasajeros como para el movimiento de cargas.
Un nuevo modelo de gestión
Desde Vialidad Nacional explicaron que el sistema se desarrollará mediante un esquema de inversión íntegramente privada.
De acuerdo con el organismo, las nuevas empresas serán responsables de ejecutar las inversiones necesarias para garantizar el mantenimiento y la prestación de los servicios previstos en los contratos.
En este nuevo esquema, el Estado nacional dejará de realizar los aportes económicos que anteriormente financiaban parte de las tareas desarrolladas por Corredores Viales S.A.
Su función pasará a concentrarse en la supervisión del cumplimiento de los estándares de transitabilidad, mantenimiento y calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.
La preocupación por el empleo
Mientras el Gobierno destaca el nuevo modelo de concesión, uno de los principales interrogantes continúa siendo el futuro de los trabajadores que se desempeñaban bajo la empresa estatal.
Hasta el momento no existe información oficial detallada acerca de cómo será el proceso de incorporación del personal por parte de las nuevas concesionarias.
Esta situación genera incertidumbre entre los empleados y también dentro de las organizaciones gremiales vinculadas con la actividad, que manifestaron contar con escasa información respecto del traspaso.
La continuidad de los puestos de trabajo aparece como uno de los aspectos más sensibles de esta transición.
La disputa con la Provincia
El proceso licitatorio también estuvo acompañado por una fuerte controversia política.
La empresa AUBASA, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, presentó una oferta para administrar algunos de estos corredores.
Sin embargo, el Ministerio de Economía de la Nación recomendó rechazar esa propuesta al considerar que no cumplía determinados requisitos técnicos previstos en el proceso licitatorio.
La decisión fue cuestionada por el Gobierno bonaerense, que sostuvo que durante la licitación se modificaron aspectos de los pliegos que terminaron perjudicando la participación provincial.
Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense se presentó una impugnación formal, aunque finalmente el reclamo fue rechazado y el Gobierno nacional confirmó la adjudicación de los corredores a las empresas privadas.
Una transición bajo observación
El comienzo de las nuevas concesiones marca un cambio importante para la administración de buena parte de la red vial nacional.
Durante los próximos meses la atención estará puesta tanto en el funcionamiento del nuevo esquema operativo como en la evolución de las inversiones comprometidas, el mantenimiento de los corredores y la situación laboral de los trabajadores involucrados.
El proceso también continuará siendo observado por los distintos actores políticos debido a las diferencias planteadas durante la adjudicación y al impacto que estas decisiones pueden tener sobre uno de los sistemas viales más importantes del país.
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