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Odontólogos bonaerenses enfrentan nuevos controles contra el ejercicio ilegal, con operativos, investigaciones y denuncias judiciales para detectar prácticas realizadas sin matrícula profesional.
El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires profundizó las acciones destinadas a detectar y denunciar casos de ejercicio ilegal de la profesión, una problemática que la institución considera tanto una infracción a las normas vigentes como un riesgo para la salud de los pacientes.
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Una estrategia que se amplía
La estrategia es impulsada por el Consejo Superior del Colegio y se desarrolla en conjunto con los diez distritos que integran la institución. El esquema comienza con la recepción de denuncias y alertas, continúa con tareas de investigación y fiscalización y, cuando se comprueban irregularidades, puede derivar en actuaciones administrativas y denuncias ante la Justicia.
Según explicó la entidad, las intervenciones apuntan principalmente a situaciones en las que personas que no cuentan con título habilitante o matrícula profesional realizan prácticas propias de la odontología.
Uno de los aspectos centrales de esta metodología es la documentación de cada caso. Las denuncias recibidas permiten iniciar investigaciones que posteriormente pueden incluir tareas de campo y controles en los lugares donde presuntamente se desarrolla la actividad ilegal.
Cuando los inspectores logran reunir elementos suficientes para acreditar las irregularidades, el Colegio puede avanzar con las medidas correspondientes y poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales.
Odontología y denuncias penales
El trabajo institucional también incluye una articulación con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. En ese marco, el Colegio informó que mantiene una línea de trabajo derivada del convenio suscripto con el entonces Procurador General, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand.
El acuerdo contempla acciones destinadas a fortalecer la prevención, detección y denuncia del ejercicio ilegal. Entre ellas figura el desarrollo de un protocolo para la presentación de denuncias ante el Ministerio Público Fiscal y la capacitación de dirigentes de la profesión junto con la Procuración.
Los operativos realizados recientemente permiten observar cómo funciona el mecanismo en la práctica.
En Lanús Este, durante marzo, el Distrito II realizó un operativo en un consultorio de la calle Madariaga. Allí constató que una persona ejercía la odontología sin matrícula profesional ni habilitación. El establecimiento fue clausurado y posteriormente se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía competente.
Ese mismo mes, otra investigación se desarrolló en Almirante Brown a partir de denuncias efectuadas por odontólogos. El caso involucraba a una persona que se presentaba como protesista dental y atendía pacientes para tomar impresiones y confeccionar prótesis.
La investigación de campo permitió reunir elementos que derivaron en actuaciones administrativas y en una denuncia penal, debido a que las prácticas detectadas excedían las actividades permitidas para un técnico o protesista dental.
En Villa Domínico se produjo otro procedimiento. Allí se detectó a un supuesto protesista dental que atendía pacientes dentro de un club y realizaba prácticas consideradas propias y exclusivas de la odontología.
La actividad se presentaba como una “Campaña Solidaria”, pero la fiscalización determinó que se estaban realizando prácticas odontológicas fuera del marco legal. El lugar fue clausurado y también se efectuó una denuncia penal.
Un problema que también afecta la salud
La preocupación del Colegio no se limita al cumplimiento de las normas profesionales. Desde la institución remarcaron que el ejercicio ilegal puede representar un riesgo para quienes reciben tratamientos de personas que no cuentan con la formación, habilitación ni matrícula necesarias.
La entidad señaló que la problemática adquiere especial relevancia ante la aparición de ofertas de tratamientos odontológicos de bajo costo difundidas mediante redes sociales y publicidad informal. En algunos casos, esas propuestas pueden estar vinculadas con personas que se presentan como profesionales sin contar con la correspondiente habilitación.
Por ese motivo, el Colegio recomendó verificar la matrícula del profesional antes de comenzar cualquier tratamiento. La comprobación busca permitir que el paciente conozca si quien estará a cargo de su atención se encuentra habilitado para ejercer.
La institución también pidió a pacientes y profesionales que comuniquen cualquier sospecha de ejercicio ilegal a través de sus canales oficiales. La información aportada por la comunidad puede permitir que los distritos inicien investigaciones, fiscalicen establecimientos y reúnan elementos para avanzar con las actuaciones correspondientes.
Los procedimientos realizados en Lanús Este, Almirante Brown y Villa Domínico se suman a un operativo desarrollado en Ingeniero Budge durante mayo de 2025, realizado junto con autoridades municipales y policiales, que terminó con cinco clausuras de establecimientos donde se efectuaban atenciones odontológicas sin cumplir con la normativa vigente.
El Colegio sostiene que la continuidad de estos controles depende, en buena medida, de la posibilidad de detectar tempranamente las situaciones irregulares. En ese sentido, las denuncias constituyen uno de los puntos de partida de una estrategia que busca trasladar cada caso desde la sospecha inicial hacia una constatación formal y, cuando corresponda, una intervención judicial.
