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Un amplio operativo de allanamiento en la provincia de Buenos Aires permitió concretar 121 procedimientos simultáneos en una investigación sobre material de abuso sexual infantil y delitos contra menores.
Una investigación coordinada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires derivó en uno de los operativos más importantes de los últimos años contra la distribución y producción de material de abuso sexual infantil (MASI).
Allanamiento simultáneo en 21 departamentos judiciales
En el marco de la séptima edición de la denominada Operación Protección de Infancias, se realizaron 121 allanamientos simultáneos en distintos puntos del territorio bonaerense, luego de varios meses de tareas de investigación y análisis digital.
El operativo fue coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, en conjunto con fiscales especializados en la investigación de este tipo de delitos.
Según la información oficial, inicialmente se analizaron 138 objetivos investigativos. Tras las tareas de inteligencia criminal y el procesamiento de la información obtenida, el número quedó reducido a 121 domicilios y objetivos concretos sobre los que finalmente se ejecutaron las órdenes judiciales.
Los procedimientos se desarrollaron en los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.
Una investigación coordinada por fiscalías especializadas
La magnitud del operativo requirió la intervención de ocho fiscalías especializadas que funcionaron como nodos de investigación y coordinación.
Participaron la Unidad Funcional N.º 8 Descentralizada General Madariaga, del Departamento Judicial Dolores; la Ayudantía Fiscal especializada de Junín; la UFIJ N.º 15 de La Plata; la Ayudantía Fiscal especializada de La Matanza; la UFIJ N.º 5 y la Ayudantía Fiscal especializada de Morón; la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal de Pergamino; la UFIJ N.º 8 Descentralizada de Berazategui, perteneciente al Departamento Judicial Quilmes; y la UFIJ N.º 13 de San Isidro.
Cada una de estas dependencias tuvo a su cargo la investigación de distintos objetivos, compartiendo información para detectar conexiones entre usuarios y avanzar sobre los responsables.
La coordinación permitió centralizar evidencias digitales y optimizar el intercambio de información entre los distintos departamentos judiciales.
Los resultados del operativo
Como resultado de la investigación se informó que fueron analizadas 111 personas.
De ese total, 106 corresponden al sexo masculino y cinco al femenino.
Entre los investigados también fueron detectados dos menores de 18 años que, según la información oficial, compartieron material de abuso sexual infantil.
Las edades de las personas involucradas abarcan un amplio rango etario que va desde los 15 hasta los 75 años, lo que refleja la diversidad de perfiles detectados durante la investigación.
Otro dato que surgió del operativo es que seis de los investigados desarrollaban actividades laborales con contacto directo con niños y adolescentes.
Asimismo, durante los allanamientos se identificó la presencia de 37 menores de edad que convivían con personas investigadas y también se detectaron cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil, situación que motivará nuevas actuaciones judiciales y de protección.
Allanamientos incluso dentro de una unidad penitenciaria
Uno de los aspectos más llamativos del operativo fue que entre los objetivos alcanzados figuró una unidad carcelaria.
Según informaron las autoridades, allí fueron allanados internos que ya se encontraban privados de la libertad por delitos vinculados con abuso sexual infantil.
Además, durante la investigación se detectó que una de las personas allanadas registraba antecedentes por una causa de abuso sexual infantil.
También se informó que uno de los objetivos investigados surgió como derivación de un procedimiento anterior relacionado con tenencia de material de abuso sexual infantil.
A partir de esa causa fue posible avanzar en una investigación posterior que permitió identificar a una nueva persona imputada por presunta producción y distribución de ese tipo de material.
Secuestro de computadoras, celulares y dispositivos digitales
Durante los procedimientos fueron secuestrados numerosos elementos tecnológicos que ahora serán sometidos a pericias.
Las autoridades informaron el decomiso de 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento digital y 165 teléfonos celulares.
Además, fueron incautadas dos armas de fuego.
Como parte del trabajo pericial también se realizaron 31 triages o inspecciones preliminares sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, una metodología que permite efectuar una primera evaluación del contenido digital para orientar el avance de las investigaciones.
El análisis de estos elementos será determinante para establecer nuevas responsabilidades o detectar posibles conexiones con otras investigaciones en curso.
Un operativo con participación de múltiples fuerzas
La Operación Protección de Infancias requirió el trabajo conjunto de fiscales especializados, ayudantes fiscales y numerosas fuerzas de seguridad con experiencia en delitos informáticos.
Entre ellas participaron la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, distintas divisiones especializadas en delitos informáticos de la provincia, la Prefectura Naval Argentina y diversas unidades operativas federales.
La participación coordinada de estos organismos permitió ejecutar de manera simultánea los 121 allanamientos y avanzar en una investigación que continúa abierta, mientras se analizan los dispositivos secuestrados y se profundizan las líneas investigativas surgidas durante los procedimientos.
