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El Conaduv reclamó suspender los peajes de la Ruta 6 y cuestionó su legalidad, las tarifas y los controles sobre Aubasa. El planteo reabre una discusión judicial.
El cobro de peajes en la Ruta Provincial 6 quedó envuelto en una controversia que pone en discusión tanto el sustento legal del sistema como el costo que deben afrontar quienes utilizan este corredor bonaerense. La implementación de los nuevos puntos de cobro generó una reacción de las organizaciones que defienden los derechos de los usuarios viales.
El cuestionamiento no se limita al importe que pagan los automovilistas. También alcanza los procedimientos utilizados para habilitar las tarifas, la actualización periódica de los valores y la existencia de controles independientes sobre la empresa responsable de la explotación del camino.
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La controversia tiene como protagonista al Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), que presentó un reclamo administrativo ante el Gobierno bonaerense para exigir que se interrumpa el cobro. La organización considera que existen antecedentes judiciales que deben ser respetados y reclama explicaciones sobre las condiciones en las que comenzó a funcionar el sistema.
El reclamo por los peajes de la Ruta 6
La presentación fue dirigida al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis. El Conaduv solicitó que se suspenda de manera inmediata el cobro en la Ruta 6 y que se revisen las resoluciones que habilitaron la aplicación de las tarifas.
El argumento central de la entidad es un fallo judicial dictado en 2017 por el entonces juez Luis Arias. Según la interpretación del Conaduv, aquella resolución ordenó a Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) abstenerse de cobrar peajes en el corredor sin una autorización legislativa expresa y sin la realización previa de una audiencia pública.
La organización sostiene que esas condiciones no se habrían cumplido y, por lo tanto, cuestiona la legalidad del mecanismo actualmente implementado. A partir de esa interpretación, busca que la Provincia revise las decisiones administrativas que permitieron poner en marcha el cobro.
Sin embargo, la presentación constituye un reclamo administrativo y no equivale, por sí misma, a una nueva orden judicial de suspensión. Por ese motivo, no debe interpretarse como una confirmación de que los peajes dejaron de cobrarse o de que las tarifas fueron anuladas.
El planteo vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de los requisitos legales para establecer tarifas en corredores viales y el alcance que pueden tener las resoluciones administrativas frente a antecedentes judiciales.
Cuánto cuesta circular y cómo funciona el sistema
El sistema comenzó a operar sobre Ruta 6 a principios de octubre mediante la modalidad denominada Free Flow, una tecnología que permite registrar el paso de los vehículos sin necesidad de cabinas ni barreras físicas. Los puntos de cobro que comenzaron a funcionar están ubicados en San Vicente y General Las Heras.
En este esquema, los vehículos son identificados mediante dispositivos y sistemas electrónicos, mientras que el pago se vincula con el mecanismo de TelePASE. La modalidad busca evitar que los conductores deban detenerse en una cabina para completar la operación.
De acuerdo con los valores informados en el marco del reclamo, la tarifa para automóviles de dos ejes es de $2.276 en horario no pico en las estaciones de San Vicente y General Las Heras. El importe debe considerarse según el cuadro tarifario vigente al momento de circular, ya que el esquema contempla actualizaciones periódicas.
También está prevista la incorporación de una tercera estación en Cardales. El sistema incluye, además, una bonificación del 30% para residentes de las localidades alcanzadas, de acuerdo con las condiciones establecidas para ese beneficio.
Uno de los aspectos cuestionados por el Conaduv es precisamente el mecanismo de actualización trimestral, vinculado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La entidad reclama que los incrementos tengan una justificación verificable y que se expliquen los costos efectivos de operación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios.
Los controles y el futuro del conflicto
Otro eje de la presentación es la ausencia, según la organización, de un organismo regulador independiente que supervise la concesión. El Conaduv advierte sobre la concentración de funciones en el Estado provincial, que interviene en la concesión vial, autoriza las tarifas y debe controlar a la empresa que explota el corredor.
Para la entidad, esa situación hace necesario reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Por eso, también solicitó información sobre las obras realizadas sobre la traza de la mencionada ruta 6, las inversiones previstas y las tareas de mantenimiento que justificarían los importes cobrados a los usuarios.
La discusión tiene una dimensión que excede el costo individual de cada viaje. La Ruta Provincial 6 constituye un corredor estratégico para la circulación de cargas y la conexión entre distintas regiones bonaerenses. Tiene aproximadamente 180 kilómetros de extensión, atraviesa 12 municipios y vincula rutas nacionales y provinciales con las zonas portuarias de La Plata y Campana.
La aplicación de peajes en una vía con esas características puede repercutir en los gastos de quienes la utilizan de manera habitual, tanto para desplazamientos particulares como para actividades productivas y logísticas.
Por el momento, el reclamo del Conaduv apunta a que el Gobierno bonaerense revise la legalidad del sistema y responda a los cuestionamientos planteados. La definición dependerá de los pasos administrativos o judiciales que puedan seguir a la presentación.
Mientras tanto, la controversia mantiene abierto el debate sobre las tarifas, la transparencia de la concesión y las condiciones necesarias para cobrar por el uso de la Ruta 6.
