ARCA lanzó un plan de pagos para MiPyMEs: quiénes podrán regularizar deudas y cuáles son las condiciones

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ARCA habilitó un nuevo plan de facilidades de pago para MiPyMEs, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, con el objetivo de regularizar deudas fiscales vencidas hasta junio de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo plan excepcional de facilidades de pago destinado a aliviar la situación fiscal de las micro, pequeñas y medianas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro.

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La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5875/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a facilitar la regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

Con esta iniciativa, el organismo busca ofrecer una herramienta que permita a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones fiscales mediante un esquema de financiación que contempla diferentes condiciones según el tipo de contribuyente.

La resolución forma parte de las políticas impulsadas para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, al tiempo que intenta brindar alivio financiero a sectores considerados estratégicos para la actividad económica.

Un alivio para PyMes considerados estratégicos

En los fundamentos de la norma, ARCA remarcó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas MiPyMEs dentro de la economía argentina, al destacar su aporte a la generación de empleo, la producción de bienes y servicios y el desarrollo de las economías regionales.

Asimismo, el organismo sostuvo que tanto los pequeños contribuyentes como las entidades sin fines de lucro enfrentan dificultades particulares para cumplir regularmente con sus obligaciones tributarias, por lo que resulta necesario implementar mecanismos que favorezcan su regularización.

El nuevo régimen pretende brindar previsibilidad a estos sectores mediante un esquema que les permita financiar deudas acumuladas sin tener que afrontar el pago total en una única instancia.

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Qué obligaciones podrán incluirse

El plan alcanza una amplia variedad de obligaciones fiscales.

Entre ellas se encuentran las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, incluyendo los intereses correspondientes.

También podrán incorporarse las retenciones y percepciones impositivas, además de los tributos relacionados con operaciones de importación y exportación.

La normativa contempla igualmente la posibilidad de incluir multas aplicadas hasta el 30 de junio de 2026.

No obstante, la adhesión al régimen no implica una reducción de intereses resarcitorios o punitorios ni tampoco la liberación automática de las sanciones que correspondan según la legislación vigente.

En otras palabras, el beneficio consiste exclusivamente en la posibilidad de financiar las obligaciones alcanzadas por el plan.

Las deudas que quedaron fuera del régimen

La resolución también establece un listado de conceptos que no podrán incorporarse al plan excepcional.

Entre las exclusiones figuran los anticipos y pagos a cuenta, determinados conceptos del IVA vinculados con servicios prestados desde el exterior, los aportes y contribuciones destinados a obras sociales y las cuotas correspondientes a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Asimismo, quedaron excluidos los aportes del personal de casas particulares, las cuotas de planes de pago que ya se encuentren vigentes y otros tributos específicos contemplados por la normativa.

Estas limitaciones buscan circunscribir el alcance del régimen a determinadas obligaciones, manteniendo fuera aquellos conceptos que cuentan con reglas particulares de cancelación.

Quiénes no podrán adherirse

El beneficio tampoco estará disponible para todos los contribuyentes.

La resolución establece que no podrán acceder quienes registren condenas firmes por delitos tributarios, aduaneros o vinculados al incumplimiento de obligaciones fiscales.

La exclusión también alcanza a determinadas personas jurídicas cuando sus directivos hayan sido condenados por este tipo de delitos.

Además, quedaron fuera del régimen los responsables solidarios y los garantes de obligaciones comprendidas dentro de regímenes específicos.

De esta manera, el organismo busca limitar el acceso al plan únicamente a quienes cumplan con las condiciones previstas por la normativa.

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Cuotas, anticipo y tasa de financiación

Uno de los aspectos centrales del nuevo régimen son las condiciones diferenciadas según la categoría del contribuyente.

Las micro y pequeñas empresas (MiPyMEs) , junto con los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro, podrán financiar las obligaciones generales en hasta 18 cuotas.

En el caso de las retenciones y percepciones impositivas, el plazo máximo será de nueve cuotas.

Para estos contribuyentes se exigirá un pago a cuenta equivalente al 5% del total de la deuda consolidada.

La tasa de financiación mensual establecida será del 2,75%.

Por otra parte, las medianas empresas, tanto del tramo 1 como del tramo 2, tendrán condiciones diferentes.

Podrán acceder a planes de hasta 15 cuotas para las obligaciones generales y de hasta siete cuotas cuando se trate de retenciones y percepciones.

En estos casos, el anticipo requerido será del 10% de la deuda consolidada, manteniéndose la misma tasa mensual del 2,75%.

Un mecanismo para facilitar la regularización fiscal

Con la implementación de este nuevo plan excepcional, ARCA busca ofrecer una alternativa para que empresas  Pyme, pequeños contribuyentes y organizaciones sin fines de lucro puedan ordenar su situación fiscal mediante un esquema de pagos financiado.

El régimen distingue entre los distintos perfiles de contribuyentes y establece condiciones específicas para cada uno de ellos, manteniendo al mismo tiempo determinadas exclusiones y restricciones.

La iniciativa se orienta a favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias mediante un mecanismo que permita afrontar deudas acumuladas sin necesidad de cancelarlas en un único pago, ofreciendo así una herramienta de regularización para uno de los sectores con mayor incidencia en la actividad económica del país.

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