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La Provincia autorizó nuevas bandas arancelarias para colegios privados con subsidio. Los valores impactan desde abril y responden a aumentos salariales y costos operativos del sistema educativo.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina informó que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó nuevas bandas arancelarias para los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes estatales.
Nuevas cuotas en la Enseñanza Privada bonaerense
La medida fue avalada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y rige desde abril, impactando en las cuotas que deben abonar las familias.
En el nivel inicial y primario, las instituciones con hasta el 100% de subsidio podrán cobrar hasta $32.880 mensuales, mientras que aquellas con un 40% de aporte estatal podrán alcanzar los $148.660.
En el nivel secundario, las cuotas autorizadas van desde $36.200 hasta $193.160, dependiendo del porcentaje de subsidio que reciba cada institución.
Por su parte, los establecimientos de educación técnica, agraria o artística tendrán aranceles que oscilarán entre $41.790 y $221.070.
Este esquema responde al modelo vigente en la provincia, donde cerca del 70% de los colegios privados reciben algún tipo de aporte estatal, lo que implica que sus aranceles deben ser autorizados por las autoridades.
Presión de costos y paritarias docentes
Desde AIEPA explicaron que la actualización responde al incremento de costos, especialmente en materia salarial. Según las últimas paritarias, los sueldos docentes registraron una suba acumulada de hasta el 17% entre enero y abril.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad, señaló que las instituciones enfrentan un escenario complejo, con costos fijos en aumento y aranceles que muchas veces quedan por debajo de la evolución de los gastos.
Además, remarcó que existen otros factores que complican la gestión, como el aumento de tasas municipales, la caída de matrícula y los desfasajes financieros.
Impacto en las familias y el sistema
El sistema de educación privada en la provincia abarca cerca del 30% de la matrícula total, con más de 1,3 millones de estudiantes.
En este contexto, los ajustes en las cuotas generan impacto directo en las economías familiares, al tiempo que buscan sostener el funcionamiento de las instituciones.
Desde el sector aseguran que, pese a las dificultades, se realizan esfuerzos para mantener la calidad educativa sin trasladar completamente los aumentos a los aranceles.
