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El nuevo Régimen Penal Juvenil ya rige en Argentina y permite iniciar procesos desde los 14 años. La reforma amplía delitos alcanzados y genera cuestionamientos por su implementación.
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir en todo el país y establece un cambio central en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes: la edad a partir de la cual pueden ser sometidos a un proceso penal baja de los 16 a los 14 años.
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El nuevo Régimen Penal Juvenil ya rige
La modificación fue establecida por la Ley 27.801, aprobada por el Congreso en febrero y puesta en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial. De esta manera, los adolescentes de 14 y 15 años pasan a quedar incluidos dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil.
Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil intervenía en causas relacionadas con jóvenes de entre 16 y 18 años. El nuevo esquema amplía ese universo y genera un cambio significativo en el funcionamiento de los organismos judiciales que deberán intervenir.
La reforma no se limita exclusivamente a modificar la edad. También amplía el conjunto de delitos que pueden derivar en actuaciones judiciales. Bajo el régimen anterior, los hechos con penas inferiores a dos años de prisión quedaban fuera del sistema. Con la nueva legislación, determinadas situaciones como hurtos, amenazas, lesiones o violaciones de domicilio cometidas por adolescentes de entre 14 y 18 años pueden dar lugar a actuaciones.
Esto no significa que todos los casos deriven automáticamente en una detención. La normativa establece que esa medida quedará reservada para los hechos más graves, mientras que para otras situaciones se contemplan alternativas. Sin embargo, los casos alcanzados por la ley deberán atravesar las correspondientes actuaciones, audiencias y controles judiciales.
Más delitos y nuevos procedimientos
La ampliación del régimen supone una mayor cantidad potencial de intervenciones para fiscales, defensores, jueces y equipos técnicos. Cada expediente requiere una estructura capaz de analizar la situación del adolescente, garantizar sus derechos y determinar las medidas que correspondan según las características del caso.
Precisamente, uno de los interrogantes que aparece con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema está relacionado con la capacidad de las estructuras judiciales existentes para afrontar la nueva demanda.
En el Departamento Judicial Bahía Blanca, la situación generó particular preocupación. Según un relevamiento publicado por el medio bahiense La Nueva, operadores judiciales advirtieron que la reforma comenzó a implementarse sin la incorporación de nuevos recursos humanos, partidas presupuestarias ni espacios físicos.
El escenario adquiere especial relevancia en el área de contención. Actualmente funciona el Centro de Recepción ubicado en el predio del ex Instituto Vergara, que cuenta con tres celdas y una capacidad total de seis personas, aunque una de las plazas permanece clausurada.
Además, las plazas disponibles se encontraban ocupadas por jóvenes trasladados desde otras jurisdicciones debido a la falta de espacio, de acuerdo con la información citada por La Nueva.
Reclamos por la implementación
La posibilidad de que aumente considerablemente la cantidad de causas constituye otro de los puntos de preocupación. Agustín Saulnier, defensor público ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, había advertido que los expedientes podrían llegar a duplicarse como consecuencia de la ampliación del régimen.
El eventual incremento no implica solamente más expedientes. Cada intervención requiere participación de diferentes actores del sistema, desde fiscales, defensores y jueces hasta equipos técnicos y organismos responsables del seguimiento de los adolescentes.
También existen cuestionamientos vinculados con la capacitación y los protocolos necesarios para aplicar la nueva normativa. La jueza Natalia Giombi señaló que los propios operadores impulsaron conversatorios, debates y talleres para analizar la legislación, pero consideró insuficientes las capacitaciones y reclamó un protocolo de funcionamiento y aplicación en la provincia.
La Policía constituye otro de los actores que deberá intervenir en las primeras etapas de determinados procedimientos. Según lo consignado en el material, efectivos policiales tampoco recibieron un protocolo específico para actuar bajo el nuevo régimen.
A la falta de recursos y protocolos se suma que la autoridad de aplicación prevista en el artículo 50 de la ley todavía no había sido designada por el Poder Ejecutivo, según el relevamiento citado.
Mientras el nuevo Régimen Penal Juvenil comienza a aplicarse, la discusión también llegó al ámbito judicial. La Justicia Federal de La Plata tiene pendiente de resolución un planteo de inconstitucionalidad presentado por defensores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, acompañado por otras defensorías provinciales y organismos de Derechos Humanos. También fue solicitada una medida cautelar para suspender la aplicación de la normativa.
En el plano político, Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia de la ley y sostuvo que “se terminó la impunidad”. La senadora de La Libertad Avanza defendió la reforma y destacó que los adolescentes alcanzados podrán recibir condenas de hasta un máximo de 15 años.
La entrada en vigencia de la norma abre así una nueva etapa para el sistema penal juvenil argentino. El cambio de la edad de imputabilidad y la ampliación de los delitos alcanzados modifican el escenario judicial, mientras persisten interrogantes sobre los recursos, la capacitación y las condiciones necesarias para aplicar el nuevo régimen.
