El diario 
La Provincia tomó el control de los subsidios al transporte para líneas provinciales y municipales del AMBA tras finalizar el convenio con la Nación y aplicar un nuevo esquema.
La Provincia de Buenos Aires oficializó el fin del convenio que mantenía con el Gobierno nacional para administrar los subsidios destinados al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de esta decisión, el Ejecutivo bonaerense asumirá de manera directa la gestión de las compensaciones económicas correspondientes a las líneas provinciales y municipales, dejando atrás un esquema de trabajo conjunto que se encontraba vigente desde fines de 2018.
Fin del acuerdo con Nación
La medida quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, a través del cual se aprobó el acta suscripta entre ambas jurisdicciones en marzo de este año. Con ese paso administrativo quedaron concluidas las obligaciones que ambas partes habían asumido en el marco del convenio de colaboración.
El cambio representa una modificación en la forma en que se administrarán los recursos destinados a sostener el funcionamiento del transporte público bonaerense dentro del AMBA. Hasta ahora, el esquema establecía que la Provincia definía la política de subsidios, mientras que el Estado nacional era el encargado de calcular, liquidar y transferir las compensaciones económicas a las empresas prestatarias.
Con el nuevo sistema, esa intervención nacional deja de existir y será la administración bonaerense la responsable de implementar y controlar el régimen de compensaciones.
La decisión implica una reorganización administrativa más que un cambio en la existencia de los subsidios. El objetivo es que la Provincia gestione directamente los recursos destinados a las empresas que prestan servicios de jurisdicción provincial y municipal, concentrando en un solo organismo las tareas vinculadas con la asignación y fiscalización de esos fondos.
La modificación también marca un nuevo reparto de responsabilidades entre ambas administraciones en materia de transporte público, un área que durante los últimos años había funcionado mediante mecanismos de coordinación entre Nación y Provincia.
Transporte y nuevo esquema de control
Uno de los principales cambios introducidos por el nuevo régimen está relacionado con los mecanismos de control sobre la utilización de los subsidios.
A partir de ahora, las empresas beneficiarias deberán presentar rendiciones de cuentas cada cuatro meses para demostrar el destino dado a las compensaciones económicas recibidas.
La documentación exigida incluirá el detalle de los montos percibidos, la descripción de los gastos efectuados para la prestación del servicio y un informe elaborado por un profesional matriculado en Ciencias Económicas que certifique el uso de los recursos.
El propósito de esta exigencia es fortalecer el seguimiento administrativo de los fondos públicos destinados al sistema de transporte y establecer procedimientos uniformes para verificar que las compensaciones sean aplicadas al funcionamiento del servicio.
El nuevo esquema también incorpora un régimen gradual de sanciones para las empresas que incumplan con la presentación de la documentación requerida.
Si una empresa no presenta la rendición correspondiente dentro del plazo establecido, la Provincia podrá aplicar inicialmente una retención del 10% del monto de los subsidios.
En caso de que el incumplimiento continúe durante treinta días, la retención aumentará hasta el 50% de las compensaciones económicas.
Si la situación persiste durante sesenta días, el régimen prevé la suspensión total de los subsidios hasta que la empresa regularice la presentación de la información requerida.
Este mecanismo busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y garantizar mayores niveles de control sobre el destino de los fondos públicos asignados al transporte de pasajeros.
Qué cambia para las empresas
El cierre del convenio también modifica otras funciones que hasta ahora eran desempeñadas por el Estado nacional.
Entre ellas se encuentran las intervenciones relacionadas con el Atributo Social de la tarjeta SUBE, las comisiones vinculadas con el funcionamiento del sistema y las compensaciones por combustible destinadas a las empresas alcanzadas por el régimen anterior.
Con el nuevo esquema, la Provincia implementará un sistema propio para administrar los subsidios correspondientes a las líneas bajo su jurisdicción, reemplazando la asistencia técnica que anteriormente brindaba la Nación.
La medida no modifica las obligaciones que tienen las empresas respecto de la prestación del servicio, pero sí cambia el organismo encargado de administrar las compensaciones económicas y controlar la documentación respaldatoria.
Para los usuarios del transporte público, la decisión implica un cambio administrativo en la gestión de los subsidios y no supone, por sí misma, modificaciones automáticas en las tarifas ni en el funcionamiento cotidiano de las líneas provinciales y municipales.
Sin embargo, el nuevo régimen establece reglas más precisas sobre la rendición de cuentas y fija consecuencias concretas para quienes incumplan con los requisitos establecidos.
De esta manera, la Provincia concentrará la administración integral del esquema de subsidios correspondiente a las líneas de su jurisdicción, mientras el Gobierno nacional dejará de intervenir en las funciones contempladas por el convenio que ambas administraciones mantuvieron vigente durante más de siete años.
Con esta decisión comienza una nueva etapa en la administración del financiamiento del transporte público bonaerense, con un sistema propio de control, auditoría y distribución de las compensaciones económicas destinadas a garantizar la prestación del servicio.
