El diario
Diputados aliados al Gobierno presentaron un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal. Argumentan fallas estructurales, impacto negativo en la economía y falta de resultados concretos.
En una semana favorable para el oficialismo en el Congreso, el Gobierno nacional avanza con una nueva iniciativa orientada a profundizar su agenda de desregulación: la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.
Debate por la Ley de Etiquetado en el Congreso
El proyecto fue presentado por la diputada Daiana Fernández Molero, del PRO, y el legislador Alejandro Bongiovanni, de La Libertad Avanza.
La iniciativa se inscribe en una estrategia política más amplia que busca revisar normativas sancionadas durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, muchas de las cuales el oficialismo considera ineficientes o perjudiciales para el desarrollo económico.
Según los fundamentos del proyecto, a más de cuatro años de la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal, sus objetivos no se cumplieron de manera satisfactoria. Los legisladores sostienen que el diseño técnico de la normativa presenta falencias estructurales que generan confusión en los consumidores, desalientan la reformulación de productos por parte de la industria y dificultan el comercio.
Además, remarcan que la ley introdujo una serie de obstáculos para la producción y exportación de alimentos, afectando la competitividad de las empresas locales. En este sentido, consideran que la derogación permitiría restablecer un marco regulatorio más previsible y favorable para la inversión.
Argumentos económicos y regulatorios
El proyecto pone el foco en la necesidad de brindar certezas a los distintos actores del sistema productivo. “Los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable”, indicaron los impulsores, quienes consideran que la eliminación de la ley es la única herramienta para lograr ese objetivo.
Desde el oficialismo y sus aliados también cuestionan el impacto real de la normativa en los hábitos de consumo. Sostienen que, lejos de mejorar la información disponible, el sistema de advertencias simplifica en exceso la composición de los productos y no permite una evaluación integral por parte del consumidor.
En paralelo, la propuesta abre un nuevo capítulo en el debate sobre el rol del Estado en la regulación del mercado alimenticio. Mientras sectores afines al Gobierno promueven una menor intervención estatal, otros espacios políticos y organizaciones sociales defienden la continuidad de la ley como herramienta de salud pública.
El tratamiento del proyecto en el Congreso anticipa un debate intenso, en el que se cruzarán argumentos económicos, sanitarios y políticos, en un contexto de creciente polarización.
