El diario 
Los intendentes bonaerenses enfrentan una definición política clave porque 80 jefes comunales podrían quedar impedidos de competir en 2027 si no prospera una reforma legislativa pendiente.
La discusión sobre las reelecciones de los intendentes volvió a instalarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires y promete convertirse en uno de los principales temas políticos de los próximos meses. A menos de dos años de las elecciones de 2027, crece la presión para modificar la normativa que limita los mandatos consecutivos de los jefes comunales, aunque la falta de acuerdos entre oficialismo y oposición mantiene el escenario completamente abierto.
La ley vigente establece restricciones para quienes ya acumularon dos períodos consecutivos al frente de un municipio. Si no se produce una modificación antes del próximo proceso electoral, alrededor de 80 intendentes quedarían imposibilitados de presentarse nuevamente como candidatos.
La situación involucra a dirigentes de prácticamente todo el arco político provincial, lo que demuestra que el debate excede las fronteras partidarias y se convirtió en una discusión institucional con impacto directo sobre el mapa electoral bonaerense.
Intendentes, en el centro de la discusión
El universo de intendentes alcanzados por la actual legislación está integrado por representantes de diferentes fuerzas políticas. De acuerdo con el escenario que hoy se proyecta, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la Unión Cívica Radical, siete al PRO, cinco responden a partidos vecinales y uno forma parte de La Libertad Avanza.
El peso de estos números explica por qué el tema volvió a instalarse con tanta intensidad dentro de las negociaciones políticas.
El impacto sería especialmente importante en el conurbano bonaerense, donde 28 de los 40 municipios tendrían a sus actuales jefes comunales alcanzados por la limitación para buscar un nuevo mandato.
Esto obligaría a numerosos espacios políticos a renovar candidaturas en distritos estratégicos, modificar sus esquemas de conducción territorial y reorganizar liderazgos construidos durante varios años de gestión.
El origen de la ley
La discusión tiene como punto de partida la ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Aquella normativa estableció un límite de dos mandatos consecutivos para distintos cargos electivos, entre ellos intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.
El objetivo declarado era favorecer la alternancia política y evitar la permanencia indefinida de dirigentes en funciones ejecutivas y legislativas.
Sin embargo, la aplicación práctica de la norma derivó posteriormente en distintas interpretaciones y debates jurídicos que terminaron modificando parcialmente su alcance.
La reforma de 2021
Cinco años después, la Legislatura bonaerense aprobó una modificación que alteró la forma de contabilizar los mandatos.
Ese cambio permitió que numerosos intendentes pudieran competir nuevamente en las elecciones de 2023, aunque no resolvió definitivamente la discusión sobre el límite de las reelecciones.
Como consecuencia, el debate reaparece ahora con mayor intensidad porque el próximo turno electoral volverá a poner a prueba los alcances de la legislación vigente.
Muchos dirigentes sostienen que la reforma anterior solucionó parcialmente el problema, pero dejó pendiente una definición política que inevitablemente debía llegar antes de 2027.
Dentro del oficialismo provincial existen sectores que impulsan una nueva modificación.
Varios intendentes vinculados al gobernador Axel Kicillof sostienen que debe prevalecer la decisión de los ciudadanos mediante el voto y consideran que son los electores quienes deben decidir la continuidad o no de cada administración municipal.
Esa postura también fue respaldada públicamente por el gobernador y por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Sin embargo, el escenario dista de ser homogéneo.
Dentro del propio peronismo aparecen diferencias importantes respecto de la conveniencia política e institucional de impulsar una nueva reforma.
El Frente Renovador mantiene una posición contraria a extender las posibilidades de reelección, lo que complica cualquier intento de construir una mayoría legislativa.
Una Legislatura sin consensos
La posibilidad de modificar la ley depende exclusivamente de alcanzar acuerdos políticos que hoy aparecen lejanos.
La oposición tampoco presenta una postura uniforme.
El PRO y La Libertad Avanza expresaron su rechazo a flexibilizar los límites establecidos por la legislación vigente.
En la Unión Cívica Radical tampoco existe una posición única, ya que distintos sectores internos mantienen visiones diferentes sobre el tema.
Esta fragmentación convierte cualquier proyecto de reforma en una negociación compleja, donde cada bloque deberá definir su estrategia política de cara al proceso electoral de 2027.
La vía judicial como alternativa
Frente a las dificultades para avanzar mediante una reforma legislativa, algunos intendentes comenzaron a analizar otro camino.
La posibilidad de presentar planteos judiciales aparece como una alternativa para intentar obtener autorización para competir nuevamente en las próximas elecciones.
Por el momento no existe una definición concreta sobre esa estrategia, aunque distintos dirigentes ya evalúan los argumentos jurídicos que podrían sostener una eventual presentación.
Mientras tanto, el calendario electoral continúa avanzando y el tiempo para alcanzar una solución política comienza a reducirse.
La discusión promete mantenerse abierta durante los próximos meses y podría convertirse en uno de los principales focos de tensión dentro del escenario político bonaerense, donde el futuro de decenas de intendentes continúa dependiendo de una decisión que todavía no encuentra consenso.
