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La emergencia energética seguirá vigente hasta fines de 2026 para garantizar el suministro eléctrico mientras avanzan inversiones privadas destinadas a ampliar la generación, el transporte y almacenamiento energético.
El Gobierno nacional se prepara para extender la emergencia energética al menos hasta fines de 2026 con el objetivo de garantizar el abastecimiento de electricidad mientras se ejecutan obras consideradas estratégicas para fortalecer la infraestructura del sistema y disminuir el riesgo de nuevos cortes de luz.
La prórroga busca sostener el sistema eléctrico
La medida, que sería oficializada en los próximos días mediante un decreto del Poder Ejecutivo, permitirá mantener vigentes las herramientas excepcionales utilizadas para administrar el sistema eléctrico nacional durante un período de transición en el que se espera que el sector privado concrete inversiones millonarias en generación, transporte y almacenamiento de energía.
La decisión llega luego de que la emergencia eléctrica venciera el pasado 9 de julio. Sin embargo, desde la Casa Rosada aseguraron que la continuidad del régimen ya está prácticamente resuelta y forma parte de la estrategia oficial para garantizar la estabilidad del servicio hasta que las nuevas obras entren en funcionamiento.
En paralelo, el Gobierno también mantendrá vigente la emergencia vinculada al transporte y la distribución de gas natural hasta finales de 2026, dentro del mismo esquema de reorganización del sector energético.
Inversiones para salir de la emergencia
La extensión del régimen excepcional tiene como finalidad otorgar tiempo suficiente para que avancen proyectos de inversión que buscan modernizar una infraestructura que, desde hace años, presenta limitaciones para responder a los picos de demanda.
El plan oficial contempla una fuerte participación del capital privado en el financiamiento y ejecución de obras destinadas a ampliar la capacidad de generación eléctrica, mejorar el transporte de energía y desarrollar sistemas de almacenamiento que permitan administrar con mayor eficiencia la oferta y la demanda.
La expectativa del Gobierno es que buena parte de esos proyectos comiencen a entrar en funcionamiento durante 2027, momento en el que consideran posible abandonar el régimen de excepción y operar bajo un esquema de mayor normalidad.
Mientras tanto, la continuidad de la emergencia permitirá agilizar decisiones administrativas vinculadas al funcionamiento del sistema eléctrico y facilitar la implementación de políticas destinadas a sostener el suministro.
Reformas impulsadas durante la gestión
Desde el inicio de la administración del presidente Javier Milei, el Ejecutivo prorrogó en dos oportunidades la emergencia energética mientras avanzaba en un proceso de transformación del sector.
Entre las principales medidas implementadas figura la revisión integral del esquema tarifario, la redefinición del sistema de subsidios con criterios de focalización, la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el proceso de reconcesión de las represas hidroeléctricas del Comahue y el avance hacia la privatización de Transener, la principal empresa transportadora de energía eléctrica del país.
Según la visión oficial, estas modificaciones buscan generar un mercado con mayores incentivos para la inversión privada y mejorar la capacidad de respuesta frente al crecimiento del consumo eléctrico.
Uno de los desafíos más importantes continúa siendo la demanda que se registra durante el verano, cuando las altas temperaturas provocan un incremento considerable en el uso de equipos de refrigeración y someten al sistema a niveles máximos de exigencia.
Dentro del programa de inversiones previsto por la Secretaría de Energía se destacan proyectos de almacenamiento mediante baterías que permitirán incorporar nuevas herramientas para estabilizar la red eléctrica.
De acuerdo con el plan oficial, hacia diciembre comenzarán a operar sistemas de almacenamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por aproximadamente 650 millones de dólares.
A ello se suman otros proyectos ya adjudicados por alrededor de 700 millones de dólares destinados a incorporar más de 700 megavatios de capacidad mediante sistemas de baterías distribuidos en siete regiones del país.
Estas iniciativas apuntan a brindar mayor flexibilidad operativa al sistema, almacenando energía en momentos de baja demanda para liberarla cuando el consumo alcanza sus niveles más elevados.
Ampliación de la red de alta tensión
Otro de los pilares del programa oficial es la expansión del sistema nacional de transporte eléctrico.
El Gobierno avanza con licitaciones privadas por aproximadamente 6.600 millones de dólares para construir nuevas líneas de alta tensión que permitan incrementar la capacidad de transporte energético.
El plan contempla 16 obras prioritarias que agregarán más de 5.600 kilómetros de tendidos eléctricos, todos financiados por el sector privado.
Entre los proyectos considerados estratégicos figura AMBA I, destinado a reforzar el abastecimiento eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra cerca del 40% del consumo nacional.
También se proyecta la construcción de dos nuevas líneas de 500 kilovoltios que conectarán Mendoza y Chubut con la provincia de Buenos Aires, fortaleciendo el Sistema Argentino de Interconexión.
El objetivo de reducir los cortes
Desde el Gobierno sostienen que el conjunto de inversiones permitirá resolver cuellos de botella históricos que afectan al sistema eléctrico argentino.
La ampliación de la capacidad de transporte facilitará que la energía producida en distintos puntos del país llegue con mayor eficiencia hacia las principales zonas de consumo, disminuyendo las restricciones operativas que actualmente existen.
Al mismo tiempo, la incorporación de nuevas tecnologías de almacenamiento y el aumento de la capacidad de generación contribuirán a reducir el riesgo de interrupciones masivas del servicio durante los períodos de mayor demanda.
La continuidad de la emergencia energética aparece así como una herramienta transitoria para sostener el funcionamiento del sistema mientras se concretan obras que el Ejecutivo considera indispensables para garantizar un suministro más confiable en los próximos años.
