El diario
La AIEPA presentó una acción judicial para cuestionar el traspaso del personal no docente y extraprogramático de colegios privados al IPS, al considerar que la medida genera incertidumbre jurídica.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) anunció que recurrirá a la Justicia para impugnar el traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de los establecimientos educativos de gestión privada al régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires.
La decisión de la entidad surge luego de la sanción de la Ley de Presupuesto 2026 bonaerense, cuyo artículo 59 establece que estos trabajadores deberán dejar de aportar al sistema nacional administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para incorporarse al régimen previsional provincial.
Desde AIEPA sostienen que la medida fue adoptada sin un proceso suficiente de diálogo con el sector y sin que exista un marco normativo y administrativo que permita implementar el cambio con seguridad jurídica para las instituciones educativas.
La asociación considera que, en las condiciones actuales, los colegios privados podrían quedar expuestos a obligaciones previsionales contradictorias entre organismos nacionales y provinciales.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la entidad está relacionado con la ausencia de una normativa nacional que autorice expresamente a las instituciones educativas privadas a dejar de realizar los aportes previsionales al régimen administrado por ANSES.
El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que la preocupación de los establecimientos no radica en el cumplimiento de las obligaciones previsionales, sino en la falta de claridad respecto del organismo al que deben efectuar los aportes.
Según indicó, mientras continúen vigentes las normas nacionales que regulan el sistema previsional, las escuelas carecen de garantías suficientes para modificar el destino de las contribuciones sin exponerse a futuras controversias.
Desde la entidad sostienen que esa situación genera un escenario de incertidumbre jurídica que podría derivar en reclamos por parte de organismos nacionales si los empleadores dejan de ingresar los aportes al sistema administrado por ANSES.
El alcance de la medida
De acuerdo con las estimaciones del sector, el eventual traspaso alcanzaría a entre 50.000 y 55.000 trabajadores de establecimientos educativos privados de la provincia de Buenos Aires.
Dentro de ese universo se encuentran el personal auxiliar, los trabajadores no docentes y los docentes extraprogramáticos, es decir, aquellos que desarrollan actividades que no integran la planta funcional obligatoria reconocida por el Estado.
Hasta el momento, estos trabajadores realizan sus aportes al régimen previsional nacional.
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa provincial, tanto ellos como sus empleadores deberían comenzar a efectuar los aportes al Instituto de Previsión Social bonaerense.
Para AIEPA, un cambio de esta magnitud requiere una coordinación previa entre los distintos niveles del Estado para evitar conflictos administrativos y garantizar la correcta aplicación de la legislación previsional.
La presentación ante la Suprema Corte bonaerense
Frente a este escenario, la asociación decidió promover una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El objetivo de la demanda es obtener la declaración de inconstitucionalidad de la norma provincial cuestionada y solicitar medidas que permitan preservar la seguridad jurídica de las instituciones educativas privadas mientras se resuelve el conflicto.
Entre los fundamentos presentados por AIEPA figuran la vigencia del régimen nacional, la jerarquía normativa establecida por la Constitución, la falta de coordinación entre Nación y Provincia y el riesgo de que los establecimientos deban afrontar reclamos simultáneos provenientes de diferentes organismos.
La entidad sostiene que ninguna institución educativa debería verse obligada a modificar el régimen previsional de sus trabajadores sin contar previamente con normas claras y coordinadas que respalden ese cambio.
Riesgo de superposición de obligaciones
Uno de los aspectos que mayor preocupación genera en el sector es la posibilidad de que las escuelas queden alcanzadas por obligaciones previsionales superpuestas.
Desde AIEPA explican que, si un establecimiento deja de ingresar aportes al régimen nacional sin una disposición expresa que lo habilite, organismos como ANSES, ARCA u otras dependencias competentes podrían reclamar posteriormente las contribuciones consideradas impagas.
En consecuencia, las instituciones podrían enfrentar procesos administrativos o judiciales vinculados con una situación generada por la coexistencia de normas nacionales y provinciales.
La asociación considera que este escenario resulta incompatible con los principios de seguridad jurídica que deben regir las relaciones laborales y previsionales.
Presentaciones institucionales
Además del camino judicial, AIEPA inició distintas gestiones ante organismos provinciales.
Entre ellas, comunicó formalmente su postura a la Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), solicitando que no se exija a los establecimientos educativos incorporar al personal extraprogramático a la planta funcional mientras no exista una definición normativa y judicial definitiva.
La entidad entiende que avanzar con la implementación antes de resolver las cuestiones legales podría agravar aún más la incertidumbre existente.
Un conflicto que trasciende a los colegios privados
Para AIEPA, la discusión supera el ámbito específico de las instituciones educativas de gestión privada.
La asociación sostiene que el caso involucra competencias nacionales y provinciales vinculadas al sistema previsional argentino, motivo por el cual considera indispensable que exista una resolución clara que establezca cuál es el régimen aplicable.
En ese contexto, la entidad reiteró que su objetivo no es evitar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, sino garantizar que las escuelas puedan actuar dentro de un marco legal claro, coordinado y respaldado por las autoridades competentes.
Hasta tanto exista una definición judicial o normativa definitiva, AIEPA solicita que no se exija la implementación del nuevo régimen previsional, con el fin de evitar conflictos legales que puedan afectar tanto a las instituciones educativas como a sus trabajadores.
