El diario
La Defensoría del Pueblo de la Nación, realizó un informe especial para analizar el cierre del basural a cielo abierto y la construcción del “Centro Ambiental Luján”.
El informe, -titulado “Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Luján: Riesgo Ambiental y Derechos Humanos”-, se realizó a partir de la solicitud de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires, en relación a las afectaciones derivadas de la disposición de residuos en el basural a cielo abierto del partido de Luján y el pasivo ambiental que éste conforma, y de las de iniciativas para su reemplazo por un Centro Ambiental con planta de separación de reciclables y relleno sanitario, que se encuentran actualmente en planificación y ejecución.A tales efectos, se analizaron los documentos generados en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, disponible en el expediente judicial en el que tramita la acción de amparo solicitada por la Fundación Nuevo Ambiente y otros, se han mantenido reuniones e intercambios con referentes de los distintos grupos sociales que se vinculan con el Proyecto, así como con funcionarios de la cartera ambiental local, del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (MICIBID) y del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Luján-CONICET, y se ha realizado una visita a terreno, en la que pudo observarse el basural, las obras iniciadas del Centro Ambiental y algunos de los barrios vulnerables cercanos a la zona junto a la Escuela Nº 3.
La Defensoría del Pueblo de la Nación considera que la clausura y aplicación de medidas de mitigación en el basural a cielo abierto y la generación de espacios y estrategias para la separación de residuos reciclables arrojan un balance de impactos ambientales y sociales positivo.
Estos resultan relevantes para la disminución de la contaminación ambiental y las condiciones de vida, trabajo y estudio de las personas que interactúan con el basural de distintas maneras y conlleva un cambio significativo en la protección del derecho a un ambiente sano, a la salud, la educación, al trabajo y, en definitiva, a la vida.
A su vez, la Defensoría desea que se resuelva el fondo del litigio, para poder trazar un sendero sólido en pos de la solución del pasivo ambiental y la mejora en la gestión y disposición de los residuos sólidos y estima como mejor solución la pronta reanudación de las tareas.
En este sentido, deben definirse las opciones técnicas disponibles, los beneficios y perjuicios de cada una de ellas para luego seleccionar aquellas que resulten más adecuadas y accesibles a las posibilidades de financiamiento disponibles. Incluso para el caso de no contar con fuentes de financiamiento en lo inmediato, la realización de una evaluación de este tipo podría plantear nuevos objetivos de política pública para el mediano o largo plazo.
Considerando las limitaciones existentes para contener, aislar y/o eliminar las amenazas ambientales en el corto plazo, cobran relevancia las medidas de mitigación de los efectos de la contaminación del basural en los barrios y la escuela cercanos, de modo tal de minimizar la exposición y vulnerabilidad de las personas.
El mejoramiento de los servicios sanitarios de los barrios aledaños, provisión de agua segura no sólo para consumo sino para todo uso en la escuela, y el refuerzo de los servicios de atención de la salud son políticas de Estado necesarias para prevenir y en su caso reparar la vulneración de derechos asociada a la contaminación.
En relación al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para analizar y aprobar el “centro ambiental”, se han observado algunas limitaciones y prácticas que son habituales en las autoridades de aplicación las cuales resultan en evaluaciones incompletas o insuficientes, aun cuando se cumpla la normativa vigente. Las mismas deben ser mejoradas a futuro conforme el principio de progresividad.
Dado que el proyecto en cuestión se encuentra bajo consideración en el ámbito de la Justicia y que está pendiente una evaluación del MICI-BID respecto del cumplimiento de las políticas del organismo financiador, es esperable que aún puedan producirse mejoras en el Estudio de Impacto Ambiental.
Por último, debe resaltarse la centralidad de las demás instancias de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que prevé la normativa vigente: reducción en la generación, separación en origen, eficiencia en la recuperación de reciclables y su utilización como materia prima prioritaria para distintos procesos productivos.
Finalmente, la Defensoría considera que deben arbitrarse todas las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos aquí involucrados: a la salud, a la educación, al acceso al agua, entre otros, y en definitiva a una vida digna.
