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El paro docente nacional de este lunes enfrenta a los gremios con el Gobierno, que exige garantizar el 75% de las clases y anticipa controles en escuelas para verificar el cumplimiento.
El regreso a las aulas después del receso invernal estará atravesado este lunes por un nuevo conflicto entre el Gobierno nacional y los sindicatos de la educación.
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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional y la medida tendrá adhesión de organizaciones sindicales de distintas provincias, incluida Buenos Aires.
Algo mas que un paro docente
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, advirtió que la educación fue incorporada al régimen de actividades consideradas esenciales y sostuvo que durante una medida de fuerza deberá garantizarse un piso del 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
La cartera nacional anunció además que realizará una inspección muestral en establecimientos de todo el país para verificar el cumplimiento de esa disposición. Según informó el Gobierno, si se detectan incumplimientos se activarán los protocolos correspondientes para determinar eventuales sanciones.
La medida de fuerza tendrá así una particularidad respecto de anteriores conflictos docentes: será una de las primeras pruebas concretas de la aplicación del nuevo esquema de esencialidad educativa y de la capacidad del Estado para fiscalizar el funcionamiento de las escuelas durante una huelga.
Para las familias, el escenario genera incertidumbre sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos en el comienzo de la segunda parte del ciclo lectivo. La situación tendrá distintas expresiones según la jurisdicción y el nivel de adhesión que alcance la huelga.
En la provincia de Buenos Aires, el conflicto adquiere una dimensión especial por la adhesión de los principales sindicatos docentes. El reclamo nacional se combina con las discusiones salariales que se vienen desarrollando en las distintas jurisdicciones.
Reclamo por los salarios
El paro docente fue convocado por CTERA en reclamo de una mejora de las condiciones salariales y de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.
Uno de los principales pedidos sindicales es la reapertura de la paritaria nacional docente, ámbito que los gremios consideran necesario para discutir una recomposición de los ingresos y establecer referencias para las negociaciones salariales del sector.
A esa demanda se suma el reclamo por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente salarial destinado históricamente a complementar los ingresos de los maestros y profesores.
Según el planteo de las organizaciones gremiales, la pérdida de poder adquisitivo constituye uno de los principales motivos para volver a las medidas de fuerza. La protesta busca instalar nuevamente la cuestión salarial en la agenda nacional y reclamar una respuesta del Gobierno.
En Buenos Aires, la medida contará con la adhesión de SUTEBA. También se sumarán otros sindicatos que integran el frente gremial bonaerense, entre ellos la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), UDOCBA, SADOP y AMET, de acuerdo con la convocatoria consignada en el material de base.
El conflicto también alcanzará al ámbito universitario en algunas instituciones. Entre las entidades mencionadas se encuentra la Universidad Nacional de La Plata, cuyos docentes participarán de la jornada de protesta.
La diversidad de organizaciones que acompañan la medida refleja que el reclamo excede una única estructura sindical. La discusión salarial atraviesa a diferentes sectores de la educación y se vincula con la situación de los trabajadores en las distintas jurisdicciones.
El Gobierno, por su parte, plantea que el funcionamiento del sistema educativo debe sostenerse aun cuando exista una huelga. Esa posición quedó expresada en las comunicaciones difundidas por Capital Humano, que apeló a la necesidad de garantizar el derecho a la educación y brindar previsibilidad a las familias.
El contrapunto entre ambas posiciones tendrá una expresión concreta este lunes: mientras los sindicatos buscarán demostrar la fuerza del reclamo, el Estado nacional procurará verificar que se cumpla el piso de actividad establecido para el servicio educativo.
La primera prueba de la nueva regla
La jornada tendrá además un componente institucional que excede el conflicto salarial. El paro docente será una prueba para el nuevo esquema que considera esencial a la educación y establece un piso de prestación durante las medidas de fuerza.
Capital Humano anunció que desplegará controles muestrales en escuelas de todo el país. La intención oficial es relevar el funcionamiento de los establecimientos y verificar si se respeta el porcentaje mínimo establecido.
El Gobierno advirtió que, ante eventuales incumplimientos, se activarán los mecanismos previstos para aplicar sanciones. Esa advertencia agrega un nuevo elemento a una disputa que ya tiene un componente político, salarial y sindical.
La cuestión central será determinar cómo funcionará en la práctica la exigencia del 75%. La convocatoria a una huelga supone una interrupción de tareas por parte de los trabajadores que adhieren, mientras que la normativa de esencialidad impone obligaciones vinculadas con la continuidad de una prestación mínima.
Los sindicatos cuestionaron la limitación al derecho de huelga y plantearon reparos judiciales sobre la constitucionalidad de las nuevas disposiciones. Por eso, el desarrollo de esta primera experiencia será observado con atención tanto por las organizaciones gremiales como por las autoridades.
El Gobierno busca, además, instalar la idea de que la esencialidad tiene como objetivo proteger el derecho de los alumnos a recibir educación. En ese sentido, Capital Humano exhortó a los distintos actores del sistema a priorizar el derecho a la educación de niños y jóvenes y cumplir con las normas vigentes.
Los gremios, en cambio, sostienen que la medida de fuerza constituye una herramienta legítima para reclamar por salarios y condiciones laborales. La discusión, por lo tanto, se ubica en la intersección entre el derecho a la educación y el derecho de huelga.
La jornada de este lunes permitirá observar cómo se traduce esa tensión en el funcionamiento cotidiano de las escuelas. También permitirá conocer el nivel de adhesión al paro y la capacidad del Gobierno para realizar los controles anunciados.
En este contexto, el regreso a clases después de las vacaciones de invierno estará marcado por un escenario de fuerte disputa. La protesta sindical buscará visibilizar el reclamo salarial, mientras que el Gobierno nacional pondrá en marcha un mecanismo de fiscalización para verificar el cumplimiento de la prestación mínima.
Más allá de la duración de la jornada, el resultado tendrá consecuencias sobre el futuro de la relación entre el Estado y los sindicatos docentes. El cumplimiento efectivo del 75%, los eventuales controles y las posibles sanciones serán algunos de los principales puntos que quedarán bajo análisis después del paro.
La discusión no se limitará, entonces, a determinar cuántas escuelas abrirán sus puertas. También pondrá a prueba el nuevo marco de esencialidad educativa y su convivencia con el ejercicio del derecho de huelga.
