El diario
Radares bajo la lupa. La Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó equipos fuera de su ubicación autorizada y más de 150 dispositivos sin habilitación para emitir multas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) avanza con un proceso de fiscalización y regularización de los sistemas de control de velocidad instalados en rutas nacionales de todo el país. Los resultados preliminares revelaron una serie de irregularidades que podrían impactar en la validez de numerosas infracciones labradas mediante fotomultas.
Según informó el organismo, una tercera parte de los radares fijos autorizados no fue encontrada en el lugar para el cual había sido habilitada. Además, durante las inspecciones se detectaron más de 150 equipos que operaban sin autorización para registrar infracciones en corredores nacionales.
La iniciativa forma parte de una política orientada a transparentar el sistema de fiscalización automática y garantizar que los controles de velocidad tengan como objetivo principal la prevención de siniestros viales y no la generación de recursos económicos mediante multas.
Desde la ANSV remarcaron que el relevamiento busca fortalecer los mecanismos de control y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en todo el territorio nacional.
Radares bajo investigación
El operativo comenzó a principios de año e incluyó la inspección de aproximadamente 40.000 kilómetros de rutas nacionales.
Al momento de iniciar las tareas, existían 526 cinemómetros autorizados para operar. De ellos, 363 correspondían a radares fijos y 163 a equipos móviles.
Sin embargo, la fiscalización detectó que solo 239 de los radares fijos estaban instalados en el sitio exacto para el cual habían sido habilitados.
Los restantes 124 equipos no fueron hallados en las ubicaciones autorizadas, motivo por el cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial inició intimaciones a las jurisdicciones responsables para determinar su situación operativa.
Las autoridades indicaron que, si se comprueba que esos dispositivos ya no están en funcionamiento, las habilitaciones correspondientes serán dadas de baja.
Más de 150 dispositivos sin autorización
Otro dato relevante surgido del relevamiento fue la detección de 152 radares fijos que operaban sin autorización para confeccionar infracciones en rutas nacionales.
Ante esta situación, la ANSV exigió la inmediata suspensión de su utilización y el retiro de los equipos instalados sin la correspondiente habilitación.
La medida busca garantizar que las sanciones aplicadas a los conductores se encuentren respaldadas por procedimientos legales y por dispositivos técnicamente certificados.
La fiscalización responde a denuncias e irregularidades detectadas en distintos puntos del país respecto de la utilización de sistemas automáticos de control que no contaban con la aprobación requerida por la legislación nacional.
Cómo impugnar una fotomulta
Frente a este escenario, muchos conductores se preguntan qué ocurre si recibieron una infracción registrada por un radar irregular.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial explicó que los ciudadanos pueden verificar si el dispositivo utilizado se encuentra dentro del listado oficial de radares autorizados.
En caso de comprobar que el equipo no posee habilitación vigente, el conductor podrá presentar un descargo ante la jurisdicción que emitió la multa argumentando dicha situación.
Además, el organismo nacional mantiene habilitados canales de consulta para brindar asistencia a quienes necesiten verificar información relacionada con controles de velocidad e infracciones.
Requisitos para una multa válida
La legislación establece una serie de requisitos que deben cumplirse para que una fotomulta tenga validez legal.
Entre ellos se encuentran la identificación completa del radar utilizado, incluyendo marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente.
Asimismo, la infracción debe detallar fecha, hora, lugar, velocidad permitida, velocidad registrada y una imagen que permita identificar claramente la matrícula del vehículo.
También deben figurar el operador habilitado, la autoridad emisora y el juzgado competente, además de haberse cumplido con la señalización previa y la notificación dentro de los plazos establecidos.
La revisión impulsada por la ANSV busca reforzar la transparencia del sistema y garantizar que los controles de velocidad se realicen bajo criterios técnicos y legales claramente establecidos.
