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La Enseñanza Privada en la provincia de Buenos Aires tendrá nuevos valores desde agosto y septiembre tras la autorización oficial, aunque el sector advierte que los incrementos resultan insuficientes.
Las cuotas de los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires volverán a actualizarse a partir de agosto. La medida fue autorizada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y contempla un incremento del 5,5% para agosto y otro del 2,5% para septiembre, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).
Nuevos aumentos para agosto y septiembre
De esta manera, los colegios alcanzados por el régimen de aportes estatales podrán aplicar un incremento acumulado del 8,1% durante el bimestre, tomando como referencia el esquema arancelario vigente hasta el momento.
La actualización busca acompañar parcialmente el incremento de los costos operativos que enfrentan las instituciones educativas privadas, aunque desde el sector aseguran que continúa existiendo un importante desfasaje entre los ingresos por cuotas y el crecimiento de los gastos.
La autorización alcanza exclusivamente a los establecimientos de gestión privada que reciben subsidios estatales para el pago de salarios docentes, cuyos aranceles máximos son regulados por las autoridades educativas provinciales.
Enseñanza Privada: preocupación por los costos
Desde AIEPA manifestaron que los nuevos porcentajes autorizados no alcanzan para cubrir el incremento general de los costos que vienen afrontando las instituciones.
El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, sostuvo que los aumentos autorizados “no permiten a los institutos emparejar todos los aumentos de costos y las subas salariales que deben afrontar las instituciones”.
Según explicó el dirigente, las escuelas deben absorber con recursos propios una parte significativa de los mayores gastos derivados de distintos factores que impactan sobre el funcionamiento cotidiano.
Entre las principales dificultades mencionó el aumento de los costos laborales, las erogaciones vinculadas al mantenimiento de la infraestructura escolar, la suba de distintos servicios y los desajustes financieros generados cuando los incrementos salariales son autorizados antes de que las cuotas puedan actualizarse.
A esa situación se suman otros problemas estructurales que vienen afectando al sector desde hace varios años.
Uno de ellos es la creciente morosidad en el pago de las cuotas escolares, una situación que limita el flujo de ingresos de muchas instituciones y dificulta la planificación económica.
También señalaron que la disminución de la natalidad provoca una reducción progresiva de la matrícula en numerosos establecimientos, especialmente en el nivel inicial y en algunas localidades donde la cantidad de alumnos disminuye año tras año.
Este escenario obliga a muchas escuelas a reorganizar su funcionamiento para sostener la calidad educativa sin comprometer su equilibrio financiero.
Un escenario que preocupa al sector educativo
Desde AIEPA indicaron que mantienen un diálogo permanente con las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones del país con el objetivo de encontrar alternativas que permitan aliviar la situación financiera de la enseñanza que atraviesan numerosos establecimientos.
La entidad explicó que el objetivo es evitar que instituciones con décadas de trayectoria deban adoptar medidas que afecten la prestación del servicio educativo.
Entre las consecuencias que podrían presentarse si continúan las dificultades económicas figuran el cierre de cursos, la reducción de algunos servicios complementarios e incluso la imposibilidad de sostener determinadas propuestas pedagógicas, sobre todo en la enseñanza privada.
El planteo de la asociación refleja una preocupación compartida por gran parte de las instituciones de gestión privada con aporte estatal, que deben compatibilizar el cumplimiento de obligaciones salariales y el mantenimiento de la infraestructura con aranceles regulados por el Estado provincial.
Los nuevos cuadros tarifarios autorizados para agosto y septiembre establecen los montos máximos que podrán percibir las escuelas según el porcentaje de aporte estatal que recibe cada establecimiento y el nivel educativo correspondiente.
Como ocurre habitualmente, esos valores representan un límite máximo autorizado y cada institución de enseñanza privada definirá el arancel que aplicará dentro de ese marco regulatorio.
La actualización llega en un contexto de inflación aún elevada y de incrementos permanentes en diversos costos operativos que afectan tanto a establecimientos públicos como privados.
En este escenario, las autoridades educativas y las entidades representativas del sector continuarán evaluando la evolución de los costos para determinar futuras adecuaciones arancelarias durante el segundo semestre del año.
Mientras tanto, las familias bonaerenses deberán contemplar los nuevos valores que comenzarán a regir desde agosto y que volverán a modificarse en septiembre, de acuerdo con la autorización oficial otorgada por la Provincia de Buenos Aires.
